Por: Lucho Mamani / Cusco
Ideeleradio.- El Estudio César Nakazaki que defiende al suspendido alcalde Luis Valdez, procesado por presunto lavado de activos y el asesinato del periodista Alberto Rivera, acusó sorprendentemente a El Comercio, La República y Caretas de tener un interés económico en este último caso, informó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Fue al denunciar que ese extraño argumento -basado en recortes periodísticos- se aceptó como prueba de defensa por parte de la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte de Lima, que preside el juez Jorge Aguinaga Moreno.
“Ayer (martes) se realizó la última sesión de la prueba documental y lo sorprendente es que no nos aceptan los documentos que muestran los crímenes de los periodistas asesinados por los narcotraficantes. Pero en cambio si aceptan una argumentación de parte de la defensa de Luis Valdez que es realmente impresionante”, explicó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Ellos dicen que la existencia de múltiples investigaciones periodísticas de El Comercio, La República y Caretas y la múltiple existencia de diversos editoriales de estos medios de comunicación demuestran que hay un interés estrictamente económico con el objetivo de lucrar, haciendo aparecer a una persona supuestamente inocente como Luis Valdez como un narcotraficante. Y ese argumento ha sido aceptado por el tribunal”, criticó.
En tal sentido, cuestionó el nivel de valoración del presidente del tribunal por admitir dicho argumento. Dijo que al abogado defensor de Luis Valdez Villacorta sólo le faltó acusar al Consejo de la Prensa Peruana, si se toma en cuenta que Enrique Zileri (Caretas), Gustavo Mohme (La República) y Alejandro Miró Quesada (El Comercio) formaron parte de dicha Junta Directiva.
“Realmente es impresionante el nivel de valoración pero sobre todo de actuación en términos de la inconducta funcional en un proceso paradigmático de lo que es la afectación a los medios de comunicación y a los hombres de prensa (…) Lo único que le faltó decir al abogado del estudio de Cesar Nakazaki es que el Consejo de la Prensa Peruana (fomenta supuestamente la campaña) porque en realidad la actuación sostenida de estos tres medios de comunicación que son Caretas, El comercio y La Republica ha sido en el marco de la institucionalidad que es el Consejo de la Prensa Peruana”, opinó.
Rivera Paz indicó que el Caso Rivera no se trata de un hecho menor, sino del asesinato de un periodista que denunció desde muchos años la presunta vinculación de Luis Valdez con el narcotráfico.
“(Rivera Fernández) no estuvo loco porque luego la justicia peruana abrió un proceso judicial a Valdez Villacorta por supuesto lavado de activos. Es decir, Rivera Fernández tenia razón y siempre sus denuncias estuvieron sustentadas en las investigaciones y los informes públicos que en Pucallpa se conocían”, remarcó.
El coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL) denunció que existe una clara intención de parte de este tribunal de favorecer al ex alcalde de Coronel Portillo. Explicó que dicho argumento se sustenta en las irregularidades que se presentaron en las últimas diligencias judiciales.
“En el curso de los interrogatorios y en el debate de la prueba documental surgió dos hechos importantes. Primero, el tribunal prohibió que se utilicen las declaraciones de los condenados autores materiales de este crimen (Lito Fasabi Pizango (a) "Chito Lito"
Ángel Mendoza Casanova). Ellos declararon que las órdenes habían provenido del ex alcalde pero esas declaraciones que son documentos aportados por el Ministerio Público no se permitieron discutir en el proceso”, explicó.
“El argumento del tribunal dice que cuando acudieron como testigos estas personas hicieron declaraciones diferentes a las que inicialmente habían hecho en la ciudad de Pucallpa. El hecho es que nosotros y la Fiscalía consideramos que existe una ejecutoria suprema de la Corte Suprema de Justicia. Lo sorprendente es que los tres magistrados declararon no conocer una ejecutoria suprema de la Corte Suprema de Justicia, que señala que cuando existen declaraciones contradictorias, el tribunal puede valorar las declaraciones que son más coherentes y eso es una ejecutora suprema de carácter vinculante”, puntualizó.
Finalmente, Rivera Paz señaló que por dichas causas se ha presentado dos quejas ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
“Después de esto surgió un tercer hecho que también resulta sorprendente. La defensa del Valdez alegó que no era regla de experiencia que las personas relacionadas al narcotráfico ordenen asesinar periodistas y nosotros discutimos eso: En América Latina y en el Perú lamentablemente si viene sucediendo con más frecuencia que gente vinculada al narcotráfico cuando los periodistas denuncian o ponen en evidencia sus actividades ilícitas son asesinados, ocurre en el Perú, México, Colombia y muchos países”, concluyó.
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