Informe preliminar de la comisión de presupuesto obtenido por CNR denuncia informalidad, ineficiencia, lentitud y corrupción en el FORSUR






Lima, 09/08/2009 (CNR).- El Fondo para la Reconstrucción del Sur (FORSUR) ha ejecutado tan sólo el 60% de los proyectos aprobados por esta entidad, lo que representa que el gobierno sólo se ha gastado en Ica 339 millones de soles (poco más de un millón de dólares). El mismo informe dispone que la Contraloría inicie investigaciones a las municipalidades provinciales de Cañete, Chincha, Ica y Pisco, al Gobierno Regional de Huancavelica y a las empresas municipales de agua potable, entre otras unidades ejecutoras de proyectos del FORSUR.

Desde su creación, el 28 de agosto de 2007, el FORSUR ha aprobado 462 proyectos y quedan en espera casi 300. Pero si bien el FORSUR prioriza y evalúa los proyectos pero no los ejecuta, el informe preliminar de la Comisión de Presupuesto del Congreso obtenido por CNR denuncia que el Directorio del FORSUR ha actuado "informalmente" en lo que concierne a la aprobación de los proyectos.

Según detalla el informe, el FORSUR, al estar exonerado del SNIP, aprueba los proyectos "con una simple ficha que no contiene la información mínima indispensable con lo que no se tiene la suficiente veracidad". Junto con la informalidad, el informe denuncia la lentitud para la asignación de los recursos financieros.

Hasta fines del 2008, los proyectos seguían obligatoriamente 12 pasos administrativos, que daban como resultado una asignación presupuestal que duraba de 120 a 150 días. Actualmente, en 2009 el FORSUR ha disminuido los pasos a 4, con lo que ha reducido la fecha máxima a 45 días.

Una de las consecuencias de la informalidad, la ineficiencia en la aprobación de proyectos y la lentitud de asignación del presupuesto es que el FORSUR ha tenido que devolver al tesoro público en 2008 más de 23 millones de soles correspondientes a la ejecución de 27 proyectos en favor de los damnificados.

Las cifras de la verguenza continúan en el informe del Congreso. En los proyectos ejecutados, el informe denuncia el incumplimiento de las normas de construcción señaladas por el Reglamento Nacional de Edificaciones y los reglamentos sobre seguridad debido a la falta de verificación por parte de las municipalidades.

La corrupción también es denunciada por el informe. "Respecto a las transferencias realizadas a las Unidades Ejecutoras se ha detectado que luego de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra se han quedado saldos dinerarios los cuales deberán ser revertidos al FORSUR y hasta el momento no se han realizado las devoluciones a pesar de haberse concluido las obras"

Lo mismo ocurre con las Unidades Ejecutoras que han recibido transferencias financieras por parte del FORSUR, ya que el Fondo entregó el dinero pero luego desaprobó los proyectos. Sin embargo, estas entidades no devolvieron el dinero.

El informe también denuncia que no se ha tomado en cuenta la opinión de la ciudadanía y que en la etapa de emergencia se han ejecutado acciones que involucran presupuesto del FORSUR sin la debida supervisión que garantice la calidad de las adquisiciones.

Corrupción en practicamente todas las unidades ejecutoras

El informe detalla que en muchos procesos de contratación de obras de rehabilitación, construcción y reconstrucción de infraestructuras básicas ejecutados con cargo al FORSUR se han aceptado proveedores sin experiencia y sin solvencia económica que no están inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Estos hechos son calificados por el informe como "asignaciones dudosas" por lo que pide a la Contraloría investigar a casi todas las entidades ejecutoras.

Por ello, recomienda "disponer las investigaciones correspondientes en las Entidades y Unidades Ejecutoras en las cuales se ha evidenciado faltas administrativas por parte de los funcionarios en el manejo de los recursos asignados a través de FORSUR para la ejecución de los proyectos de recostrucción":

Están en entredicho en el informe la Municipalidad Provincial de Pisco, la Municipalidad Provincial de Ica, la de Cañete, la Chincha, el Gobierno Regional de Huancavelica, la Empresa Municipal de Agua Potable de Pisco (Emapisco), la de Ica (Emapica), la de Cañete y el Servicio de saneamiento de agua potable y alcantarillado (Semapach).

Empresas denunciadas

Finalmente, el informe pide que se efectúen sanciones y denuncias contra las siguientes empresas contratistas: Marquisa SAC, Consorcio Lima, Servicios Generales de Correo Torres Luis Enrique- SEMATECH, Consorcio Los Rozales, Consorcio Perú y Consorcio Sur.