PERÚ: RADIO CENSURADA APELA MIENTRAS CRECE RECHAZO A MEDIDA GUBERNAMENTAL
El 4 de setiembre de 2009, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) emitió un pronunciamiento expresando su rechazo a la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de ordenar el cierre de radio La Voz de Bagua. El CPP condena la medida expresando que ésta se sustenta en denuncias no comprobadas hechas por altos funcionarios del Ejecutivo sobre una supuesta ilegal participación de la radioemisora en los violentos sucesos ocurridos el último 5 de junio en la ciudad de Bagua, región Amazonas, al noreste del país, donde murieron 24 policías y 10 civiles.
Según el CPP, en una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, éste se comprometió a entregar la documentación que sustentaría la legalidad de la medida. Sin embargo, esto nunca ocurrió, por lo que el CPP, tras revisar la documentación alcanzada por el medio, concluye que el MTC actuó de forma precipitada y arbitraria.
Roberto Pereira, abogado del medio, anunció al IPYS que el 25 de agosto último su despacho presentó un recurso administrativo de apelación, a efectos de que la controversia sea resuelta por el MTC, que debe pronunciarse en 30 días hábiles. Pereira dijo que con la respuesta negativa del MTC -o sin ella- queda habilitada la vía judicial para cuestionar el cierre de Radio La Voz de Bagua.
El 8 de junio pasado, el MTC canceló la autorización de Radio La Voz de Bagua luego que el medio criticara al tratamiento gubernamental del problema de los pueblos indígenas amazónicos, que desencadenó los trágicos hechos del 5 de junio. El MTC alegó formalmente incumplimientos técnicos, aunque éstos fueron subsanados por la radio en su oportunidad, con aceptación expresa del MTC. Paralelamente, altos representantes del gobierno atribuyeron públicamente y sin pruebas a la radio de haber difundido contenidos que alentaron la violencia y provocaron la muerte de policías.
El 19 de junio, la defensa del medio presentó un recurso administrativo de reconsideración ante el MTC. El 26 de junio, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos exhortó al Estado peruano a tener en cuenta los más altos estándares sobre libertad de expresión derivados del artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos, al momento de evaluar dicho recurso. Sin embargo, éste no fue resuelto por el MTC en el plazo legal, por lo que se incumplió la exhortación de la Relatoría.
Según el CPP, en una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, éste se comprometió a entregar la documentación que sustentaría la legalidad de la medida. Sin embargo, esto nunca ocurrió, por lo que el CPP, tras revisar la documentación alcanzada por el medio, concluye que el MTC actuó de forma precipitada y arbitraria.
Roberto Pereira, abogado del medio, anunció al IPYS que el 25 de agosto último su despacho presentó un recurso administrativo de apelación, a efectos de que la controversia sea resuelta por el MTC, que debe pronunciarse en 30 días hábiles. Pereira dijo que con la respuesta negativa del MTC -o sin ella- queda habilitada la vía judicial para cuestionar el cierre de Radio La Voz de Bagua.
El 8 de junio pasado, el MTC canceló la autorización de Radio La Voz de Bagua luego que el medio criticara al tratamiento gubernamental del problema de los pueblos indígenas amazónicos, que desencadenó los trágicos hechos del 5 de junio. El MTC alegó formalmente incumplimientos técnicos, aunque éstos fueron subsanados por la radio en su oportunidad, con aceptación expresa del MTC. Paralelamente, altos representantes del gobierno atribuyeron públicamente y sin pruebas a la radio de haber difundido contenidos que alentaron la violencia y provocaron la muerte de policías.
El 19 de junio, la defensa del medio presentó un recurso administrativo de reconsideración ante el MTC. El 26 de junio, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos exhortó al Estado peruano a tener en cuenta los más altos estándares sobre libertad de expresión derivados del artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos, al momento de evaluar dicho recurso. Sin embargo, éste no fue resuelto por el MTC en el plazo legal, por lo que se incumplió la exhortación de la Relatoría.
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