Fuente : CHS ALTERNATIVO

Leyenda : CHS Alternativo
Fecha : 03/09/2009




MUCHOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESCONOCEN SUS RESPONSABILIDADES ANTE LA TRATA DE PERSONAS, SEIS DEBATES REGIONALES LO CONFIRMAN
En el marco del mes contra la trata de personas, Reporte Alternativo, analizó si efectivamente el tema se encuentra en la agenda de los funcionarios públicos en los niveles nacional, regional y local, de acuerdo a las obligaciones y responsabilidades que plantea la Ley 29850 contra la trata de personas y su Reglamento (Decreto Supremo No.007-2008-IN).

Para ello, Mirada Ciudadana, realizó en los últimos seis meses 7 actividades públicas dirigidas a poner en la agenda la problemática y conocer de la propia fuente las limitaciones que enfrenta la lucha contra este delito.

Se llevaron a cabo 6 debates descentralizados (Arequipa, Cusco, Loreto, Lambayeque, Junín y Cajamarca) y 1 Audiencia Pública (Lima) que movilizaron a más de 850 funcionarios públicos, organismos no gubernamentales de derechos humanos, así como organizaciones sociales de base y, se hicieron más sólidas las alianzas con organismos de control político y de derechos humanos como la Sub Comisión contra la trata de personas del Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo.

Se presentó un balance de la aplicación de las políticas públicas contra la trata de personas, cuyos resultados fueron puestos formalmente bajo el conocimiento de Ministros de Estado, Presidentes Regionales, Alcaldes Distritales y Congresistas de la República.

Fueron movilizados más de 200 periodistas en conferencias de prensa y entrevistas. Se suscribieron declaraciones, planes de trabajo y se establecieron conclusiones sobre las fortalezas y limitaciones para enfrentar este delito.

Durante todo el proceso, un objetivo que se persiguió fue conocer in situ si realmente la trata de personas se encuentra en la agenda de los funcionarios públicos del país. Al respecto, dos son las principales conclusiones:

1. Los funcionarios públicos desconocen la normatividad y en consecuencia sus responsabilidades funcionales frente a la trata de personas. Esta situación se agrava conforme pasamos del nivel nacional al regional y prácticamente es inexistente en el nivel local.

2. Los funcionarios públicos reconocen que existe el problema en sus localidades, pero éste no se encuentra en su agenda de trabajo. Como ciudadanos son críticos ante el problema, más no como funcionarios públicos.

En este contexto queda pendiente como una responsabilidad del Estado, lograr que los funcionarios públicos de una vez por todas asuman su responsabilidad en la materia. De lo contrario, debieran iniciarse acciones de control interno por incumplimiento funcional. Las víctimas no pueden esperar.

Pasando a otro ámbito, Reporte Alternativo, mantiene su preocupación con la situación de los menores víctimas de trata de personas en manos de movimientos narco terroristas en la zona del VRAE. Para ello entrevistamos a Rosana Vega, funcionaria de UNICEF, quien plantea que nos encontramos ante una grave violación de derechos humanos que no puede sostenerse más, por lo que es necesaria una inmediata respuesta del Estado.

Esta situación, y otras formas análogas de esclavitud, deben incorporarse con urgencia en los planes de trabajo del Ejecutivo y de los gobiernos regionales y locales, en concordancia con lo expuesto en esta nota.