(Por: José Alejandro Godoy) La semana pasada, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para transformar la elección de las autoridades universitarias. La propuesta normativa contemplaba que se instaure el voto universal para la elección del rector y los vicerrectores, ponderando proporcionalmente los votos de docentes y estudiantes.
Para algunos, en particular, profesores o egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la norma era adecuada para acabar con los operadores políticos que pululan y que permiten que los rectores tengan el teje y maneje de la autoridad, no para mejorar las condiciones académicas y de investigación, sino para complacer a los grupos más radicales y permanecer en el poder. En esta línea se encuentran Manuel Burga Díaz, Nicolás Lynch y Rocío Silva Santisteban. Y tienen como acompañante en el gobierno a Mercedes Cabanillas.
Los más escépticos, que están en las filas del gobierno o del conservadurismo, señalan que la norma puede llevar a una “excesiva politización” de la universidad. En esta línea está, para comenzar, el Ministro de Educación, José Antonio Chang, por lo que se descuenta que la norma sea finalmente observada.
Yo, por mi parte, tengo algunos reparos con la norma, distintos a los del Ministro de Educación. Considero que es importante establecer un nuevo mecanismo de elección de autoridades, pero no estoy tan convencido que la votación universal sea ese mecanismo para romper con operadores experimentados. Las normas ayudan a limitar algunas conductas, pero no a eliminarlas del todo. Incluso si se llega a aprobar esta norma - lo dudo - se tendría que dictar un Reglamento de Elecciones bastante claro para reducir al mínimo el riesgo de manipulación.
Mi segundo reparo se encuentra en los problemas que puede acarrear para las universidades a las que supuestamente dice ayudar la norma. Eduardo Villanueva ha reseñado bien las dificultades:
Prueba número 1: ¿realmente creen que los niveles de incapacidad y desgobierno que ha mostrado la actual administración sanmarquina podrían haberse evitado con elección universal? Probablemente habría habido más posibilidades de discutir y de condenar, pero con un manejo hábil de alianzas y prebendas, es posible paralizar un proceso democrático, salvo que haya un árbitro imparcial con respaldo político para mantenerse así. Es altamente posible que esto no sea posible, y también es posible que las universidades se resistan a tener supervisión de cualquier cuño para realizar sus procesos electorales.
Pero mi principal reparo es que hemos aprobado un parche. Las carencias de la universidad peruana no solo se limitan a la pobre calidad de las autoridades de muchas casas de estudio - hay excepciones, felizmente -, sino que tienen que ver con problemas mayores: la carencia de un sistema de acreditación, mejores incentivos para la investigación, mayor presupuesto, un mejor régimen de los docentes y una mayor conexión con las necesidades regionales. En suma, una reforma integral del sistema universitario.
En esa misma línea, ha surgido un nuevo problema en estos días, que reseña bien Patricia del Río:
Como ya todos sabemos, en el año 1996 se permitió la creación de universidades privadas con fines de lucro. La iniciativa legislativa buscaba cubrir la enorme demanda insatisfecha por educación superior. Sin embargo, debido a la laxitud de los mecanismos de control del nuevo marco legal, hemos asistido, a lo largo de estos años, a un crecimiento desordenado de la oferta educativa, sin mayor control de la calidad. Así, pasamos de tener 35 universidades en el año 1982 a más de 90 en la actualidad. Si a estas les sumamos las filiales que funcionan con y sin autorización, la cifra se vuelve inmanejable y ya nadie sabe a ciencia cierta dónde y cómo se ofertan especialidades como las de Derecho o Administración en nuestro país. La situación es grave porque, cada año, miles de peruanos reciben títulos basura, a nombre de la Nación, por los que han pagado con el esfuerzo de sus familias. Son graduados que tienen cartones que los acreditan como abogados, médicos o ingenieros pero que, en la práctica, carecen de los conocimientos necesarios para ejercer sus profesiones con eficiencia.
Justamente para acabar con esta sobreoferta de pésima calidad, se prohibió la creación de filiales o sedes universitarias; sin embargo, esta semana, el Tribunal Constitucional, en uno de sus más polémicos fallos, acaba de autorizar nuevamente su apertura y, además, ha planteado nuevos mecanismos de control que sabe Dios cuándo se implementarán.
Por tanto, la creación de parches para solucionar los problemas de la universidad peruana, más allá de los entusiasmos que suscita en algunas personas bien intencionadas, puede terminar siendo contraproducente para lo que se desea. No solo porque las propuestas terminarán siendo observadas por un gobierno que no quiere cambios de fondo, sino porque terminan siendo salidas que no responden a un desafío mayor. Y en algunos casos, como este, parece no haberse medido las consecuencias de la norma, considerando la realidad de las universidades públicas a las que supuestamente beneficiaría.
Es en la discusión integral y abierta de una Ley Universitaria moderna donde podemos comenzar a encontrar soluciones integrales a problemas que tienen un trasfondo más profundo.
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