Lo acusan por 3 delitos

Aprista Omar Quesada en la cuerda floja.

Es un informe muy genérico, contemplativo y débil pese a que las responsabilidades están bien acreditadas. No marca una posición definida contra la corrupción, sostuvo el legislador Edgard Reymundo.

Debieron debatir, pero por falta de quórum la Comisión de Fiscalización no discutió ayer el proyecto de informe final sobre las presuntas irregularidades en el caso Cofopri, uno de los hechos de corrupción más emblemático del actual gobierno. Congresistas criticaron ayer la actitud blanda con Omar Quesada, ex director ejecutivo del citado organismo estatal.

De no mediar inconvenientes de última hora, este lunes 19 del presente la Comisión de Fiscalización sancionará el dictamen final sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación y tráficos de terrenos por parte del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

LA PRIMERA tuvo acceso al proyecto de informe final del citado grupo parlamentario (el cual consta de 132 páginas) que indica que el ex director ejecutivo de esa institución, Omar Quesada, uno de los más altos dirigentes del partido de gobierno, cometió los delitos de corrupción de funcionarios, en la modalidad de negociación incompatible, abuso de autoridad e incumplimiento del deber funcional.

Estos tres delitos imputados a Quesada son por dos de los cinco casos a los que se abocó la comisión. Así, en las presuntas irregularidades por la adjudicación de 30 hectáreas, en la zona de Chilca, a favor del militante aprista, traficante de terrenos Oswaldo Chauca Navarro, el ex directivo de Cofopri es acusado por incumplimiento del deber funcional, previsto en el artículo 377 del Código Penal.

De la vista gorda

Este delito, así como los de negociación incompatible (artículo 399) y abuso de autoridad (artículo 376) es atribuido, según el informe, también por la transferencia de un terreno de 3,700 metros cuadrados a la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos (Apiat) en la ciudad de Trujillo, pese a que el propietario era el Gobierno Regional de La Libertad.

En buena cuenta, a decir del congresista nacionalista José Maslucán, en el caso principal que investigó la comisión (la adjudicación de terrenos en Chilca), Quesada es acusado sólo por haberse hecho de “la vista gorda”, es decir por no supervisar el desarrollo de actividades en la Oficina Zonal Lima-Callao de Cofopri.

Para este legislador, la acusación en este caso no ha sido muy contundente dada la gravedad de los hechos. “La Comisión de Fiscalización ha sido muy blanda con Quesada y lo que quiere es pasarle la franela pues hay delitos más graves que habría cometido”, dijo a este diario.

El congresista Edgard Reymundo (Unión por el Perú), por su parte, también cuestionó que la investigación parlamentaria por sancionar no sea más drástica con el ex titular de Cofopri. “El informe es muy débil y sólo le imputa responsabilidad por haberse hecho el loco”, anotó.

Caso Apiat

Donde la comisión llegó más lejos en cuanto a la responsabilidad del dirigente aprista es en el caso Apiat. Además de incumplimiento del deber funcional, también se le encuentra responsable de abuso de autoridad y de aprovechamiento indebido del cargo. Por este último tipo penal, un servidor público puede ser reprimido con la pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años, así como su inhabilitación de la función pública. Del documento se desprende que Quesada y los funcionarios de la oficina zonal de La Libertad de Cofopri, Gonzalo Blanco Oyola y Martín Sifuentes Palacios habrían forzado la aplicación de normas pues tenían conocimiento de que esos hechos eran irregulares “lo cual demuestra su interés en el proceso de adjudicación con el propósito de eludir la subasta pública para realizar una venta directa a valor arancelario y favorecer a la Apiat con el título de propiedad”.

Recomendaciones

En total, junto a Omar Quesada, la investigación congresal involucra a otras veinte personas, la mayoría de ellas funcionarios de Cofopri. En el informe, se recomienda remitir a la Contraloría lo investigado para que inicie las acciones de control.

Pese a que el ministerio Público ya investigó el caso (el cual deja bien librado a Quesada), en el informe recomienda también investigar a profundidad las irregularidades encontradas sobre la presunta comisión de los delitos encontrados.

Sobre este punto, Maslucán y Reymundo coinciden que lo que se recomienda en el proyecto de informe no es vinculante y lo que se tiene que establecer es responsabilidad penal de manera enfática.

Faenón de los “compañeros”

Además de las denuncias de Chilca y de Trujillo, la comisión también encontró irregularidades en otros tres casos investigados: adjudicación de áreas de la Reserva Natural de Paracas, entrega de terrenos en Camanti (Cusco) y Andamarca (Ayacucho). En total son veinte los funcionarios involucrados en los diferentes casos.

Caso Paracas (Ica)

Atribuye responsabilidad en el jefe zonal de Cofopri-Ica, Eddy García Mendoza. Este dirigente aprista junto a otros funcionarios se habrían interesado con inusual celeridad para conceder terrenos en la Reserva de Paracas, sin la opinión del Servicio Nacional de Áreas Protegidas.

Caso Camanti (Cusco)

Se establece abuso de autoridad contra el ex jefe zonal, Sandro Villanueva, por emitir una resolución en función a una norma derogada.

Caso Andamarca (Ayacucho)

Indicios razonables sobre incumplimiento del deber funcional en el ex jefe zonal Rodrigo Quispe (allegado a Quesada) y de falsedad genérica en otros funcionarios de Cofopri.

Helio Ramos  (Redacción)