SERNA DENUNCIA LA HISTORIA DE CÓMO EL CONGRESO Y EJECUTIVO CUBREN CON MANTO DE IMPUNIDAD EL NEGOCIADO DEL GAS DE CAMISEA

Congresista exige que mensaje presidencial deslinde con relación a exportación del gas y el abastecimiento al mercado interno.

El congresista iqueño, Fredy Serna Guzmán (UPP), manifestó que la bancada oficialista nunca ha tenido la voluntad política de ver el tema del gas en el Congreso, menos el Ejecutivo; a pesar que el Presidente Alan García en su discurso de julio pasado, pidió que se investigue los contratos de explotación del gas de camisea; es más, indicó son falsas las imputaciones del gobierno cuando señala que los reclamos sobre el gas, son por razones políticas de índole electoral, porque desde hace 2 años ha venido denunciando las irregularidades.

Refirió, que existe una historia del manto de impunidad que se le pretenda dar a la negativa de investigar las irregularidades en la firma de los contratos, exportación, precios y regalías del gas de los lotes 88 y 56 de Camisea, y se atreve a reseñarlos para que se conozca el accionar de algunas bancadas con relación al tema. Recordó que descubrió las irregularidades, en los contratos del Gas de Camisea, como producto del Informe que como presidente de la “Comisión Investigadora sobre presuntos actos de corrupción presentados durante el gobierno del ex Presidente Alejandro Toledo Manrique, durante los años 2001 – 2006”; entregó al pleno.

Señaló que, se solicitó insistentemente se agende en el Pleno del Congreso, la sustentación del informe final, iniciándose en ese momento una serie de “lobbies” en las bancadas; la Comisión Investigadora evacuó dos informes uno en mayoría y otro en minoría, éste último presentado por el fallecido Congresista Mario Peña; en el período 2008 -2009, varios congresistas retiraron su firma del informe final y algunos se adhirieron al informe en minoría. El Apra retiró su firma del informe final en mayoría y no se adhirió a ninguno de los informes; produciendo un vacio no contemplado en el Reglamento del Congreso.

Serna, refiere que desde el 2009 (retiro de la última firma), el informe se encuentra entrampado y no hay voluntad de la mesa directiva de resolver este problema, ante su insistencia, en Abril del 2010 el Consejo Directivo determina solucionar y ver este tema; el cual después de tres sesiones determina archivar el caso; a pesar de las recomendaciones del Director General Parlamentario que indicó: “el propósito de poner en conocimiento del Consejo Directivo la referida problemática de carácter técnico era para tramitarlo a la instancia de mayor competencia; que era el Pleno del Congreso, con el fin de que pueda conocer el caso y de estimarlo conveniente debatirlo o archivarlo; y advirtió que en caso de que el Consejo Directivo adopte una decisión distinta , podría ser impugnable ante el Pleno”[1].

En la siguiente sesión del Consejo Directivo el mismo Director General Parlamentario señala: “al momento en que el informe final fue consultado en la comisión investigadora, se obtuvo una mayoría de tres votos contra dos, lo cual permitió aprobar en ese momento un informe final en mayoría y, luego presentar un informe en minoría; pero que, como consecuencia de la causal sobreviniente de retiro de firmas –que constituía una costumbre parlamentaria – por parte de varios de sus integrantes, se produjo posteriormente un empate, situación en la cual no era posible que dirimiera el presidente de la comisión.

Además explicó, que era procedente reglamentariamente que, luego de haberse obtenido un dictamen en mayoría en comisiones y como consecuencia del uso parlamentario en referencia, posteriormente tenga que ponerse a debate el informe que originalmente fue en minoría, como resultado de la adhesión posterior de congresistas que cambiaban su voto.”[2]

Finalmente el Consejo Directivo, en su sesión del 11 de mayo del 2010 determina su pase al archivo; cuya votación fue 9 a favor (bancada Aprista, Unidad Nacional, Alianza Parlamentaria – que incluye a Perú Posible. y 7 en contra (UPP y PNP).

Al respecto Serna señala que cuando se presentó, el informe en abril del 2008, el Procurador AD-HOC Gino Ríos Patio denunció los hechos e irregularidades sucedidos en los contratos del Proyecto Camisea basado en las conclusiones del informe final de la comisión investigadora; la investigación fiscal estuvo a cargo de la Dra. Marlene Berrú Marreros – Fiscal Provincial Titular de la 4ta. Fiscalía Provincial Penal Especialidad en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que luego de dos años de investigación, formula la Denuncia Penal Nº 37-2008 el 29 de marzo de 2010 ante el Juez Penal Especial; el 29 de abril de 2010; así mismo remite otro oficio a la Fiscal de la Nación, para que proceda de acuerdo con sus atribuciones en el caso de los denunciados: Ex Presidente Alejandro Toledo y ex ministro Jaime Quijandría Salmón.

El parlamentario iqueño indica que basado en las conclusiones de su informe final de la Comisión Investigadora y/u otros hechos, el 23 de febrero de 2009, en el caso del ex presidente Alejandro Toledo y ex ministro Jaime Quijandría Salmón, presentó la denuncia Nº 137 a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, la cual fue ampliada el 14 de mayo de 2009; sin embargo el informe de calificación, la declaró improcedente con los votos del APRA, fujimorismo, BP, y Alianza Parlamentaria – representada Perú Posible.

Indicó, que el informe de calificación de la denuncia no siguió las pautas establecidas en el literal “c” del artículo 89º del Reglamento del Congreso; proceder que se ha puesto de conocimiento del Presidente del Congreso para que tome los correctivos pertinentes ante el actuar de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, sin resultado alguno.

Ante este panorama de impunidad, el 24 de noviembre de 2009, presentó una demanda de Amparo Constitucional, en defensa del Derecho Constitucional implícito de que todos los peruanos tenemos derecho a ser abastecidos preferentemente con los recursos naturales de la Nación; la demanda en primera instancia fue declarada improcedente, apelándose y encontrándose hoy en día en plena notificación a los demandados para que tomen conocimiento de la apelación y posteriormente ser elevado a la Sala Civil correspondiente; tema que es el fondo del asunto y no la renegociación de regalías como lo plantea el gobierno; sino todo lo contrario la imperiosa necesidad de abastecer al mercado interno en estricto cumplimiento de las normas vigentes.

Paralelamente, ha presentado una demanda de acción popular a fin de que se declare la nulidad, con efecto retroactivo al día de su entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 067-2009 –EM, debido a que dicha norma excede la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, ya que modifica inconstitucionalmente el artículo1 del Decreto de Urgencia Nº 023-2009; la demanda se encuentra al voto, es decir para que los vocales de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima emitan pronunciamiento, mientras tanto la impunidad sigue ganando la batalla a la moralización.