La Comisión de Fiscalización y Contraloría solicitará al Ministerio del Interior que brinde protección personal al ex auditor del gobierno regional del Callao, Dante Díaz Padilla, quien habría recibido amenazas de muerte por haber denunciado la supuesta comisión de irregularidades en esa administración.
Así lo dio a conocer el presidente de ese grupo de trabajo, José Vega Antonio (UPP), en respuesta a la sugerencia hecha por el congresista Renzo Reggiardo (NoA), quien fue respaldado por sus colegas Hildebrando Tapia (UN) y José Maslucán (GPN), teniendo en cuenta que se trata de una persona que tendría pruebas que documentan las presuntas irregularidades en la concesión y ejecución de obras durante el 2009, que denunció el domingo pasado, según dijeron.
Precisamente, para esclarecer esas denuncias, la CFC había invitado al ex presidente regional del Callao, Alexander Kouri, para que prestara sus declaraciones en la sesión convocada para el miércoles 16.
Sin embargo, la ex autoridad del vecino puerto se excusó por haber tenido dos actividades programadas con antelación antes de la citación parlamentaria, por lo que será citado para que acuda a ésta el próximo miércoles 23.
A su vez, el denunciante Díaz Padilla será citado para que amplíe sus denuncias y proporcione a la CFC la documentación que tiene en su poder.
En la sesión informativa del miércoles 16, Rosa Florián (UN), presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria Permanente encargada del control, seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, propuso que la CFC se declarara en sesión permanente para analizar varias investigaciones de presuntas irregularidades denunciadas en los gobiernos regionales de Amazonas, Ica y Madre de Dios, entre otros, y pronunciarse sobre los informes finales de investigaciones realizadas, antes de que concluya la presente legislatura (ampliada hasta el viernes 25).
Uno de esos informes versa sobre la existencia de presuntas irregularidades en SEDAPAL y la Municipalidad de San Bartolo en torno al proceso de selección y adquisición de las plantas de tratamiento de aguas residuales, por adjudicación directa, que favoreció a la firma TFKC.
El tema no fue analizado por falta de quórum.
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