Presidente Ollanta Humala T. (Foto: Caretas) |
( Caretas 18-08-11) Presidente Ollanta Humala viajó a Pisco y Arequipa el pasado fin de semana. En estos días su gobierno cierra negociación con los mineros.
Gobierno pasa de las grandes intenciones a la delicada letra pequeña. Presidente Humala viajó a Pisco y Arequipa. En estos días se cerraría negociación con los mineros.
El Estado vencerá el soroche para llegar al último rincón de la patria”, escribió el presidente Ollanta Humala en su twitter, el pasado martes 16.
“Debe ser vigoroso y estar conectado con la realidad de los pueblos”, insistió.
El primer ministro, Salomón Lerner Ghitis, confronta una labor de filigrana para los próximos días. La presentación del gabinete que encabeza en el Congreso, que por ley debe realizarse hasta un mes después de la posesión de mando, se produciría a más tardar el jueves 25 de agosto.
Como lo estableció el propio Lerner en su momento, es entonces cuando tendrán su traducción las líneas establecidas por el Presidente en su discurso del 28 de julio (y en sus twits, por cierto).
En los tiempos que corren eso no significa poca cosa.
No fue casual que Walter Bayly, gerente general del omnipresente Banco de Crédito del Perú, saliera a tantear el terreno la semana pasada.
“Todo el mundo está esperando a ver cómo se definen las políticas de este gobierno”, declaró Bayly. “Aún hay algunos temas que están en el aire. Hay que ver cómo algunas promesas electorales se llevan a cabo, y qué efecto puede tener esto en las expectativas de los agentes”.
Con una economía global todavía en cuidados intensivos (CARETAS 2192), los pasos en falso pueden costarle al país un ojo de la cara.
El péndulo de las promesas gubernamentales tiene en sus dos extremos los cambios en el régimen tributario minero y la implementación de los nuevos programas sociales.
Con respecto a lo segundo, Miguel Ángel Castilla, ministro de Economía, ya cifró en S/.1,000 millones el costo de los programas ofrecidos –Pensión 65, Beca 18, Cuna Más– durante su primer año de funcionamiento. Arrancarán en el cuarto trimestre y el incremento de ese presupuesto, aseguró, será gradual.
Ya está listo el proyecto de ley para crear el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social que, se supone, será inaugurado por el actual titular de Producción, Kurt Burneo.
El pasado miércoles 10, Lerner y Castilla ofrecieron una conferencia de prensa para calmar las aguas. “Afirmamos que esta situación de la economía mundial encuentra a nuestra economía fortalecida y con los recursos necesarios para asegurar que nada impida que se lleven a cabo los programas sociales a favor de la inclusión social”, reiteró Lerner.
En realidad, el gobierno ha tenido el primer éxito en su política de comunicaciones al instalar centralmente en la agenda unos programas sociales que, según el propio Castilla, “no necesitarán de ingresos adicionales” al Presupuesto de la República.
Los S/.1,000 millones adicionales significan un aumento aproximado del 25% en el presupuesto de los programas asistenciales en un país que tiene, relativamente en la región, uno de los gastos más bajos en el rubro.
Programas bienvenidos pero bien enraizados en los cánones de la estabilidad macroeconómica y los límites de la caja fiscal.
Castilla aclaró que este dinero no saldrá del impuesto a las sobreganancias mineras, que estará destinado sobre todo a la obra pública.
CON LOS MINEROS
Mucho más complejo es ese debate. Las negociaciones entre el Ejecutivo y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se siguen llevando a cabo.
El equipo negociador minero lo preside Eva Arias, y es integrado por representantes de la la gran minería, mediana y pequeña; empresas con contrato de estabilidad tributaria y aquellos que no la tienen.
Por el lado del Estado, lo dirigen los titulares del MEF y del MEM; y a nivel técnico, la viceministra de Economía, Laura Calderón.
Ambas partes han concordado en las líneas de base que establecen la carga tributaria comparativa en el sector minero con los países con los que competimos, particularmente Chile.
Considerando el aporte minero voluntario recaudado desde el 2006, las partes aceptan que la carga tributaria en el Perú es más alta que la de Chile.
El ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi ha dicho que la minería es “el sueldo del país”.
La recaudación minera peruana en el 2010 fue superior al S/. 8,000 millones. El Impuesto a la Renta en el periodo 2007 – 2009 asciende a S/. 21,900 millones. El canon minero en el periodo 2006 – 2009 fue S/. 15,900 millones.
Pero una cosa es la relativa carga tributaria y otra la suculenta crema de la utilidad. Citado por el diario La República, el especialista Jorge Manco explicó que el año pasado, las mineras ganaron S/.20 mil millones de utilidades después de pagar impuestos y que este año las proyecciones apuntan a S/.24 mil millones.
Sin considerar el aporte voluntario, se evidencia el carácter regresivo del actual esquema de tributación peruana en base a la venta bruta.
En el Perú la minería paga una regalía entre 1 y 3% sobre la venta bruta.
Los proyectos mineros de baja rentabilidad pagan más impuestos que en Chile, pero los de rentabilidad superior al 80 por ciento pagan menos impuestos.
Las partes también están de acuerdo con aplicar el impuesto sobre utilidades como en Chile y no sobre la venta bruta.
Desde el 2010, en Chile se paga una regalía variable y progresiva entre 2 y 6% sobre utilidades.
La negociación sacará punta en estos días para establecer la tasa de regalía sobre utilidades. Sobre la mesa se evalúan esquemas de tasas fijas y variables distintas a las chilenas.
El gravamen sobre utilidades tendría varias ventajas:
–Pagan más las mineras con más utilidades; el actual esquema es regresivo.
–Los proyectos de baja rentabilidad –por Ley o altos costos– se hacen viables.
–Es más equitativo, porque el Estado recauda más cuando los precios suben, pero menos cuando caen los precios.
El modelo chileno incentiva a su vez –según la SNMEP– la reinversión: Grava la distribución de dividendos más que en el Perú (4.1%), pero reduce el pago del IR a quienes reinvierten.
El nuevo esquema tributario debe contemplar la heterogeneidad del sector minero: minas grandes, medianas y pequeñas; con altas y bajas leyes; con costos bajos y altos; con contratos de estabilidad y sin ellos.
De las negociaciones debe surgir una fórmula polinómica para tasar los múltiples escenarios.
Existiría consenso en la Sociedad de Minería, Energía y Petróleo para acatar la nueva política tributaria, incluso aquellas con contratos de estabilidad tributaria.
Subyace en la discusión el hecho que la producción minera está a la baja. De ahí podría explicarse en parte el aparente consenso que tiene entre los mineros la propuesta del gobierno.
Queda aún por definir también la suerte del aporte voluntario – que gravó con el equivalente a 3% de regalía a las empresas con contratos de estabilidad durante el gobierno de AGP.
El esquema quedó en suspenso este año a la espera de una definición del nuevo gobierno.
El aporte voluntario fue sustantivo y ha servido, como lo ha reconocido el propio Herrera Descalzi, para financiar exitosos programas sociales implementados por las propias mineras.
En caso de desaparecer, surge la interrogante de qué irá a pasar con los proyectos en marcha financiados de esta manera.
En el ala zurda del espectro, especialistas como Manco se encuentran en desacuerdo con la propuesta del gobierno. Para él sería más conveniente mantener el aporte voluntario y duplicar la tasa de regalías, pues considera que el gravamen sobre las utilidades operativas deja espacio para que las mineras “puedan incrementar artificialmente sus egresos con partidas sobredimensionadas” y así terminen por pagar menos impuestos.
ACENTOS Y ÉNFASIS
La discusión es técnica y minuciosa pero tendrá sin duda efectos políticos.
Es evidente que Ollanta Humala se encuentra muy dedicado en darle una identidad popular a su gobierno. En todos sus discursos repite que no se encuentra subordinado a los grandes intereses y que solo se debe al pueblo.
La verdad es que, en medio de una economía globalizada al extremo y un camino al desarrollo que admite pocos desvíos, los márgenes de identidad son pocos. Acentos y énfasis resultan determinantes en la percepción pública.
Y basta ver ejemplos como el de Chile. Es cierto que el presidente Sebastián Piñera es un empresario millonario (guardando las distancias, el premier Lerner es un hombre adinerado). Pero también es cierto que su régimen fue el que viene ajustando a los mineros. Aún así las últimas protestas estudiantiles lo terminaron de encasillar como un presidente que gobierna “para los ricos”.
El gobierno de Humala se encuentra obligado a salir bien librado de la negociación en torno a las sobreganancias. No por nada puso buena parte de los huevos en esa canasta y si los números no cuadran la oposición –dentro y fuera del Congreso– estará lista para aprovecharlos.
Más aún cuando el proceso ya no es novedoso. Ernst & Young acaba de publicar un informe en el que concluye que la “nacionalización de los recursos” (es decir, reformas tributarias) constituye la principal amenaza que confronta la industria minera este año. Según el documento, al menos 20 países aumentaron o se encuentran en proceso de aumentarle los impuestos a la minería. Ya no hay que ser de izquierda ni nacionalista para hacerlo.
Y quedan otras preguntas sobre la próxima presentación del gabinete. Voces como la del banquero Bayly han comenzado a cuestionar que se dé por sentado que el país emprendería una política contracíclica para incentivar la demanda mediante la inyección de recursos en caso de que la economía de Europa y Estados Unidos se suma en la recesión. Así lo adelantaron Lerner y Castilla en la conferencia de prensa mencionada párrafos más arriba, pero Bayly considera el anuncio “prematuro”.
Aun en el escenario contracíclico queda la cuestión de cómo se distribuiría la expansión fiscal y monetaria. Economistas de peso comienzan a levantar la ceja en caso que un porcentaje de ese dinero vaya a gasto corriente –aumentos de sueldos, por ejemplo– y genere obligaciones en un posible futuro de vacas flacas, en lugar de invertirse en infraestructura.
Nadie tiene la última palabra con las finanzas mundiales en ascuas.
Los mercados de acciones cayeron con fuerza, y los mercados de productos básicos se desplomaron, con excepción del oro, tras reducir Standard & Poor’s la calificación de deuda de EE.UU. de AAA a +AA, el 6 de agosto. El gráfico refleja la volatilidad en los mercados, tomando como base el día previo al anuncio, el 5 de agosto. El precio del oro aumentó 9% a US$ 1,779 la onza desde el 1 de agosto. En cambio, el precio del cobre cayó -12% a US$ 397 la tonelada. A su vez, el índice bursátil Dow Jones de Nueva York perdió -6% y la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) -10% en el mes.
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