AGRICULTOR DENUNCIA QUE LE QUIEREN QUITAR SUS TIERRAS

Roberto A. Orellana Muñante
Agricultor Agraviado

Ica (Daniel Bravo Dextre).- Nuevamente un pequeńo agricultor iqueńo pone en tela de juicio la actuación de un magistrado de la Corte Superior de Ica, lo que indicaría que no existe un control eficaz por parte de la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura (CODECMA), pues ciertos jueces están emitiendo resoluciones contrarias a la ley y desmotivadas, probablemente confiados en que no les pasará nada.

No es posible que en menos de un mes hayamos recibido quejas periodísticas contra jueces que observarían cierta Inconducta Funcional, quienes se mantienen "intocables" en sus cargos gracias a que sus esposas son activas componentes del Comité de Damas que en lugar de una labor social, más parece tener un "carácter proteccionista".

La correcta Administración de Justicia la debemos defender por encima de todas las cosas, sin prebendas, compadrazgos o acomodos políticos. El juez que es un incapaz o coimero debe irse a su casa y no debe permanecer un día más con la toga puesta, por más que su esposa sea integrante del Comité de Damas. En todo caso que desaparezca esta especie de "club social" para que el Presidente de la Corte no tenga compromiso con ningún subordinado y no lo promueva de Juez de Primera Instancia a Juez Superior sin merecerlo, conforme ya se comenta en la judicatura.

Apelación de Sentencia

El caso que nos ocupa está referido a un proceso civil de Mejor Derecho de Propiedad del denominado "Fundo Orellana", ubicado Camino a La Victoria. Con fecha 2 de Agosto actual, Alejandro Orellana Muńante interpuso un recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Juez del Quinto Juzgado Transitorio de Ica, Dr. Fredy Escobar Arquíńego, en la que declara fundada en parte la demanda interpuesta por Luis Antonio Ramos Tello, Presidente del Consejo de Administración de la Asociación Pro Vivienda del Personal Subalterno de la PIP Ica.

Al agricultor Alejandro Orellana le llama poderosamente la atención que el Juez Escobar le haya dado la razón en parte a la referida Asociación Pro Vivienda, cuando durante el proceso llegó a demostrar con pruebas irrefutables que su propiedad de más de cinco hectáreas fue la primera que quedó inscrita con fecha 25 de Enero del ańo 1988, mientras que su oponente (La Asociación) recién inscribió ocho meses después su supuesta propiedad de 7 mil 087.20 m2, el 24 de Octubre de 1988.

Refiere que el Juez se contradice cuando sólo le autoriza a dicha Asociación la inscripción de 7 mil 087.20 m2, cuando inicialmente pretendió que se le reconozca una extensión de 20 mil 057 m2.

A Orellana Muńante también le llama la atención que dicha Asociación insista en demandar una propiedad que no aparece en el área física, cuando hace unos ańos le ganó un juicio similar, demostrando con documentos notariales que adquirió las propiedades a sus antiguos dueńos y que hoy se las pretenden despojar.

El caso ha sido elevado en apelación a la Sala Civil de Ica, donde se espera que los Jueces Superiores con mayor criterio puedan emitir un fallo apegado a la ley, evaluando cuidadosamente la documentación y los alegatos de ambas partes.

Para que la población iqueńa se sienta tranquila y continúe confiando en la Administración de Justicia, sería conveniente que el Dr. Nelson Pinedo, Jefe de la ODECMA, independientemente de lo que falle la Sala Civil, le solicite al Juez Escobar copia de la Resolución Nş 74 de fecha 1 de Julio de 2011, a efecto que verifique si fue emitida correctamente y sin influencias de ninguna especie.