Ideeleradio.- El proceso contra el suboficial de le Fuerza Aérea del Perú (FAP), Víctor Ariza Mendoza -investigado por la venta de información secreta y labores de espionaje a favor de Chile- corresponde ser ventilado en la justicia ordinaria, porque el interés trasciende el militar y los afectados somos todos los peruanos, aseveró la fiscal de la Nación Gladys Echaíz.
“Por lo menos desde nuestro punto de vista sí le corresponde (a la justicia ordinaria llevar el proceso contra Ariza) (…) Nosotros formalizamos la denuncia (contra Ariza) ante el fuero común porque creemos que hay un interés que trasciende el interés militar que es el de todos. En todo caso, esperemos la decisión del Poder Judicial si es que se llegara a plantear la declinatoria o la contienda de competencia”, dijo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“(…) En cuanto a si es competente el fuero militar o civil, diría que esto se definió en la sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ministerio Público contra el Código de Justicia Militar (…) Ahí se estableció que la justicia militar era competente para conocer las causas donde el bien jurídico tutelar fuera privativo de las Fuerza Armadas o policiales. En este caso el bien jurídico tutelado es la seguridad nacional o sea la seguridad de todos y el agraviado es el Estado o sea que no es privativo de las Fuerzas Armadas o Policiales”, afirmó.
Echaíz Ramos explicó que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre el Código de Justicia Militar establece que el Ministerio Público es uno sólo y que por tanto no se sabría cómo se podría formalizar denuncia en otro tipo de fuero privativo.
“(...) Nosotros somos respetuosos de la ley y de las decisiones judiciales. Esperaremos los resultados (sobre el caso Ariza), pero sí tenemos una posición sobre el particular. Además esta investigación la realizamos nosotros -no porque fuéramos a tocar puertas o buscarla- sino que fue llevada a la justicia común, al fiscal común para que confiando de su capacidad y experiencia de trabajo se realizara. Creo que hay dos situaciones a tener en cuenta”, señaló.
Aclaró que la inhibición de un juez respecto a un determinado caso se produce por causas físicamente determinadas en la ley y que están vinculadas a las relaciones personales con los procesados o un supuesto interés en el juicio que podría afecta la transparencia.
En la víspera el presidente del Tribunal Constitucional Militar Policial, Carlos Mesa, insistió en pedir que la titular del 58 Juzgado Penal de Lima, Antonia Saquicuray, se inhiba y traspase el proceso del espía Víctor Ariza a su fuero.
Analizan Caso Allison-EEUU
En otro momento, se pronunció en torno al caso del ex ministro de Vivienda Francis Allison quien intentó sacar 30 mil dólares de Estados Unidos sin reportar este movimiento a las autoridades norteamericanas.
Adelantó que analizarán si existe algún tipo de tipo de relación entre dicho suceso y la investigación que se le sigue por sus vínculos con la empresa “chuponeadora” Business Track en el Ministerio Público.
“Esa documentación que efectivamente recibí del Congreso (sobre el caso de Francis Allison) fue derivada a la Fiscalía Anticorrupción y luego de ahí a la 58 Fiscalía Provincial de Lima que viene conociendo el tema. En esta semana no tengo conocimiento de este caso por mi viaje a Guatemala (…). Sin embargo, al volver he pedido que me hagan un informe sobre el estado de la investigación a efectos de ver además, si estos nuevos hechos van a tener una vinculación con esto o es necesario evaluarlo de otro ángulo”, puntualizó.
“En todo caso voy a esperar los resultados de lo que ocurra para tomar una decisión del particular. Debemos tener en cuenta en qué momento se produjo esto, si cuando era alcalde, si esas cuentas son posteriores al tiempo de ministro, todo eso para determinar competencias y el tipo de investigación a realizar. Quisiera tener la información completa para tomar una decisión”, agregó.
Pishtacos y escuadrón de la muerte
Por otra parte, confirmó que la Fiscalía viene investigando la existencia de supuestos “pishtacos” en la zona del Monzón y que hasta el momento sólo se puede precisar la aparición de personas asesinadas.
La representante del Ministerio Público también se pronunció en torno a la existencia de 46 personas asesinadas en los últimos días en Trujillo, que motivó algunas diferencias entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Sostuvo que dicho caso ha dado lugar a una acusación fiscal contra el coronel Elidio Espinoza.
“Estamos investigando para determinar los hechos tal cual se dieron. Acá se invoca enfrentamientos policiales con gente que habría tenido problemas con la justicia y por el otro lado se dice que se ha sacado a estas personas de su domicilio en horas de la noche a vista de todos los vecinos y familiares y luego han aparecido muertos”, remarcó.
“(…) Se está investigando el tema (…) Hay una acusación fiscal contra un alto policía que finalmente fue ascendido como reconocimiento por su actuación policial. Estamos ahí con una acusación muy grave donde se está pidiendo creo una cadena perpetua o una pena de 35 años”, mencionó.
Desmantelamiento de Procuraduría
Finalmente, sobre el desmantelamiento de la Procuraduría Anticorrupción, Echaíz Ramos opinó que es necesario tener un aparato estructurado por parte del Estado, en razón de que la corrupción subsiste en el país. Fue al comentar las declaraciones del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien justificó tal decisión tras señalar que los procesos a Fujimori y Montesinos han disminuido.
“Los procesos contra el ex presidente Alberto Fujimori están en fase de conclusión, no obstante el problema de la corrupción no ha bajado sino subsiste y si bien no sean estos, hay otros temas por investigar, nuevos funcionarios que vienen actuando de una manera irregular. Si es política criminal del Estado perseguir la corrupción debería tener un aparato u órgano estructurado para que se especialice la materia o mantener el existente y así nos apoyemos mutuamente para un poco lograr recuperar los valores y actitudes de los funcionarios que los dineros deben manejarse de una manera transparente y utilizarlo no para fines personales”, sentenció.
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