El congresista por Ica, Rafael Yamashiro saludó el informe emitido por la Contraloría sobre los actos ilícitos cometidos por funcionarios del Ministerio de Vivienda, del Gobierno Regional de Ica y de las municipalidades de Ica y Pisco en el tema de la reconstrucción.
Sin embargo, el parlamentario solicitó que éste no se quede “en el papel” sino que se haga una seguimiento y que se sancione a quienes cometieron actos de corrupción en desmedro de los damnificados por el terremoto.
A través de CNR, señaló que los pasos a seguir es verificar que el Ministerio Público realice las denuncias respectivas a los responsables de tales ilícitos. “Consideramos que es importante que este informe tenga un seguimiento, desde la actuación de los que estarían involucrados”, precisó.
Refirió que, como parlamentario, su función es exigir que las autoridades rindan cuentas sobre sus movimientos e indicar qué aspectos deben ser investigados.
“La Contraloría emite un informe que determina las irregularidades que tienen que ser investigadas y contrastadas en el marco legal por parte de la Fiscalía; ésta tiene que realizar las denuncias y el Poder Judicial tienen que procesarlas para determinar a los responsables", explicó.
A más de dos años del terremoto del 15 de agosto del 2007, la Contraloría detectó que el sector Vivienda adquirió mil 400 módulos de madera de una empresa que no demostró contar con experiencia en la venta de los mismos.
Para el órgano de control, los funcionarios a cargo de esta contratación cometieron delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, por lo que dispone que la Policía inicie las pesquisas correspondientes.
Así mismo, la indagación realizada por la Contraloría detectó una serie de actos ilícitos e irregularidades respecto de la distribución de las donaciones extranjeras y nacionales realizadas a favor de los miles de damnificados.
En la municipalidad de Ica, por ejemplo, no existen evidencias de la distribución de las donaciones entregadas a los funcionarios de la subgerencia de esa comuna. En tanto que en Pisco también se detectaron irregularidades en la venta de módulos de vivienda prefabricados y que fueron entregados por el gobierno central. El monto de las irregularidades supera los 617 mil nuevos soles
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