Juan Carlos Ruiz (Integrante del IDL) |
Ideeleradio.- Juan Carlos Ruiz, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL), criticó al Ministerio del Ambiente (Minam) por no cuestionar la constitucionalidad del decreto de urgencia que establece disposiciones extraordinarias para facilitar la promoción de la inversión privada en 33 proyectos de infraestructura, sin que exista una situación de urgencia.
“Lo que exige la Constitución es que estemos en una situación de emergencia de parálisis institucional [para dar un decreto de este tipo], donde si se sigue el procedimiento ordinario es irreversible, acá no hay una situación irreversible; tranquilamente se pueden seguir los trámites ordinarios, tampoco el Gobierno ha sustentado porque estamos en una situación realmente de urgencia y necesidad”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Lamento que el Ministerio del Ambiente haya sacado un comunicado donde intenta decir que aquí no hay ningún problema y en realidad el ministerio está cediendo. […] Es igual que el Ministerio de Energía y Minas que tiene una función rara, que promueve la inversión y por otro lado tiene que controlar que esa inversión respete el medio ambiente, es decir es juez y parte. En vez de que el Ministerio del Ambiente haga respetar sus facultades, debilita el sistema de gestión ambiental”, argumentó.
El letrado sostuvo que a través de estas disposiciones extraordinarias ya no se exigirá el Estudio de Impacto de Ambiental antes de la autorización administrativa. Puntualizó que el decreto no tiene sustento porque los proyectos que busca promover no se ejecutaron por negligencia del mismo Gobierno y en razón de que no se respeta el derecho a la consulta, señalado por el Convenio 169.
“Yo no puedo invocar como causa, una situación de la cual yo soy responsable, ¿Quién es el responsable que se haya demorado la ejecución de estos proyectos? ¿La economía? No, ha sido el mismo Gobierno quién no ha ejecutado a tiempo estos proyectos”, indicó.
“Así se posterga el Estudio de Impacto Ambiental, entonces queda claro que acá no ha habido una situación extraordinaria, no ha habido una guerra, un terremoto, una situación impredecible, un cambio sustancial en la economía, simplemente acaba el periodo electoral y quieren apurar las cosas” indicó.
Finalmente, dijo que existen cuatro vías para corregir este error. La primera, que una subcomisión parlamentaria evalúe en 15 días la constitucionalidad del decreto; segundo, que se admita un proyecto de la Bancada Nacionalista para derogarlo; tercero, que los jueces opten control difuso y no lo apliquen y, cuarto, que se presente una acción de inconstitucionalidad.
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