Escribe: Oscar Loayza Azurín
Trabajadoras de la Agroexportación |
Como ocurre casi siempre, el inicio del calendario anual genera una serie de expectativas y aspiraciones tanto en el aspecto personal como familiar y también en el social. Al tradicional abrazo de “te deseo lo mejor para este año” se añade hoy la coyuntura política, pues en estos días hemos sido testigos del ascenso al poder distrital, provincial y regional -también al sistema de justicia, incluyendo en él a jueces, fiscales y abogados- de nuevos personajes o líderes que nos hacen abrigar la fundada esperanza de que las cosas mejorarán. Somos optimistas de que así será. Y en el horizonte cercano están los próximos congresistas y el nuevo primer mandatario de la nación.
Pero, qué pueden esperar los trabajadores de la región, particularmente aquellos que para ganar migajas tienen que desplegar largas jornadas de labor desde la madrugada hasta entrada la noche? Se ha remarcado hasta el cansancio el notable crecimiento económico que ha registrado Ica en particular, gracias a la actividad agroexportadora.
Producto Final |
A nivel nacional, la nuestra es la cuarta región en potencialidades; basándose su desarrollo en cuatro sectores: la agricultura, la minería, la pesquería y el turismo, sectores de vital importancia que generan divisas a la región y al país. Naturalmente, como no podía ser de otro modo, a todos nos tendría que alegrar la posibilidad de que nuestros jóvenes accedan a una ocupación decente que les permita llevar el sustento a sus familias.
Pero -he aquí nuestra preocupación-, con honrosas y escasísimas excepciones, el trato que brindan las empresas tanto en el aspecto remunerativo como en las condiciones de trabajo a sus asalariados no se condice con ese crecimiento que ellas han experimentado, ante un Estado que silvando mira a cualquier lado sin preocuparse -como es su obligación- por garantizar que la relación trabajo-capital se produzca en condiciones de dignidad para todos.
Entonces, uno de los ejes centrales de la acción que deben desplegar nuestras autoridades en estos primeros meses, junto a abordar en serio el lacerante problema de la escasez del agua, es mejorar sustantivamente la legislación laboral que ponga fin a los abusos y a la prepotencia de empresarios que tienen que comprender que la mano de obra, junto al capital, es el factor principal para el crecimiento de su patrimonio.
Esa legislación debe entonces apuntar a mejorar sustantivamente el estándar de vida de los trabajadores y materializar las condiciones apropiadas para el desempeño de una eficiente actividad empresarial que genere empleo digno y productivo.
Paralelamente, hoy más que nunca se hace imperativa la necesidad de poner en funcionamiento ese instrumento eficaz llamado Consejo Regional del Trabajo, como un espacio que sirva para discutir y concertar intereses en un clima de libertad de expresión, respeto de ideas y pluralismo, haciendo del diálogo y del consenso herramientas indispensables para procesar pacíficamente las diferencias y conflictos y contribuir así a la estabilidad social y a la consolidación de la democracia.
No queremos más un Estado paquidérmico que solo proteja los intereses de los poderosos; pretendemos que se erradiquen definitivamente los arreglos bajo la mesa, los compadrazgos y se luche frontalmente contra la corrupción.
El manejo decente y transparente de las instituciones es un reclamo recurrente de todos los sectores de nuestra sociedad; y es un imperativo que las nuevas autoridades que asumen sus funciones ante la expectativa de la ciudadanía, hagan denodados esfuerzos para que aquella esperanza depositada en los votos de sus electores no sea defraudada sino mas bien se traduzca en realidades concretas.
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