(Por: José Alejandro Godoy) Los motivos seguramente los deben conocer. Esta radio fue cerrada arbitrariamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aduciendo fallas administrativas, pero las cosas fueron bastante raras. En su momento, comentó el útero de Marita:
Es interesante. La Voz es una de las pocas radios de la zona con licencia para operar y, sin embargo, fue cerrada aduciendo tecnicismos. También es interesante que se esté difundiendo un audio supuestamente agitador y desinformador que no le pertenece a La Voz sino a la muy respetable RPP (radio que, en realidad, no tiene responsabilidad por lo que se afirma en las llamadas al aire; es como pretender sancionar a un blog por sus comentaristas). De hecho, como el mismo Flores afirma en la entrevista, el alcance de La Voz no cubre las zonas de las masacres así que mal pudo haber sido el detonante de la violencia.
Y semanas después del cierre, el propio Sifuentes señaló lo siguiente:
Hace un par de días, ante una pregunta de Luis Jaime Cisneros sobre el caso, el Quemier respondió que la Voz de Bagua incitó a la violencia, que su información atentaba contra la paz, que ponía en peligro la seguridad de la Nación. O sea, igualito que Chávez pero en versión mal menor.
Hasta el momento, el gobierno peruano mantiene a la radio cerrada, lo que constituye el principal baldón a la libertad de expresión que ha tenido el gobierno de Alan García, que siempre se ha jactado de respetar las libertades fundamentales que garantizan la democracia. El gobierno, que no ha sido precisamente tolerante con las críticas - incluso las moderadas -, ha cometido uno de sus peores errores en este caso.
Pero no es la única forma en que los poderosos intentan coactar la libertad de expresión. Augusto Álvarez Rodrich ha reseñado algunas:
Esto ocurre en un contexto en el que, como viene sucediendo en varios países de la región, se amenaza a la libertad de expresión con formas que no por sutiles dejan de ser peligrosas. Desde el intento gubernamental por controlar América TV usando al prófugo José Enrique Crousillat como Caballo de Troya, hasta los juicios crecientes contra periodistas como arma para acallar sus investigaciones, siendo el más reciente el planteado contra Daniel Yovera por una persona denunciada en el escándalo de Comunicore, el cual también afecta al candidato presidencial Luis Castañeda.
A ello debemos sumarle la reciente revelación de un vocal supremo sobre las presiones en el juicio por la muerte del periodista Alberto Rivera, cuyo supuesto autor intelectual fue absuelto en una sentencia realmente escandalosa.
Ciértamente, nuestra situación no es la de Cuba o Venezuela, en la que la libertad de expresión es coactada o reprendida sistemáticamente, o la de México o Colombia donde a causa de la violencia fallecen periodistas. Pero si es necesario hacer notar que estos sucesos ocurren en nuestro país, condenarlos y hacer todo lo posible para que la libertad de expresión siga siendo la base de la democracia.
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