JEFES DE SEGURIDAD DE LAP Y LAN METIDOS EN NARCOTRAFICO

¡Cómo no iba a ser una coladera de drogas el aeropuerto Jorge Chávez, si los jefes de seguridad de LAP y LAN, y personal de ambas compañías, así como agentes de aduana, oficiales y suboficiales de la policía habían venido actuando en banda junto a una gavilla de delincuentes comunes, para pasar la ilegal mercadería y trasladarla a destinos en Europa y Norteamérica!

Los hechos han terminado dando la razón al periodista Herbert Mujica que denunció que la empresa administradora de nuestro primer aeropuerto tenía obvia responsabilidad en la salida continua de envíos de paquetes de cocaína al exterior, algunos de los cuales fueron detectados en aviones de la empresa chilena LAN, escondida en los compartimentos en los que se traslada la comida que se distribuye durante el vuelo. Una instrucción judicial abierta en el sexto juzgado penal del Callao determina abrir proceso penal por delito contra la salud – tráfico ilícito de drogas a 20 personas, entre ellas a:


· John Charles Kirch Jr., jefe de seguridad de Lima Aiport Partners LAP

. Ana María Pedrera Ruis, supervisora de seguridad de LAN

Y a 14 policías, entre ellos un comandante, dos mayores, un capitán, varios tenientes y alférez, así como numerosos suboficiales de la Dinandro (división contra el tráfico de drogas) y la comisaría de San Miguel, por delito contra la administración de justicia – omisión de actos funcionales, en palabras sencillas, colaborar en la realización de delitos graves. Un total de 34 personas que están en la condición de coinculpados, dentro de un proceso que se ha querido mantener en silencio por la condición de varios de los implicados.

La Resolución N° Uno, del juez Fidel Gómez Alva, de fecha 12 de marzo de 2009, que obra en nuestro poder, nos fue negada varias veces en el poder judicial chalaco, a pesar de tratarse de un documento público. Más aún LAP siguió litigando para negar cualquier relación con los casos de tráfico de drogas denunciados, cuando ya sabía que su jefe de seguridad estaba comprometido en una investigación judicial. El tema es sumamente grave y exige un esclarecimiento público, porque podría indicar una voluntad de encubrimiento.


Los hechos

El 25 de febrero del presente año la policía intervino sobre las diez de la mañana un automóvil marca Mazda, de placa de rodaje DQ-6436, color plomo, a la altura de la cuadra 34 de las avenida Elmer Fauccett, muy cerca del aeropuerto. El auto trató de darse a la fuga ante la presencia policial, pero fue detenido. El conductor Jesús Jonny Yesquén Huby, tenía en su poder una pistola y un revólver, y llevaba en la maletera dos maletas con 29 paquetes con 57 kilos 850 gramos de cocaína.


Esta droga estaba preparada para su embarque a México, en el vuelo 626, de la compañía LAN, que partía a la una con treinta minutos de la tarde de ese día. La tarea de Yesquén era llevar las maletas hasta la puerta de la empresa Gate Gourmet, que abastece alimentos a los aviones. Un tal “monchi”, en realidad Moisés Dianderas Castro, oficial de aduanas, hacía la coordinación de entradas, para lo cual recibía una suma de dinero que repartía entre trabajadores de LAN y LAP que por supuesto se convertían en súbitamente ciegos ante lo que estaba pasando. De las investigaciones además se estableció que Ana María Pedrera Ruiz, supervisora de seguridad de LAN, se valía de esta posición para decidir los turnos de los counters de seguridad para facilitar el pase de la droga a través de personal de su confianza, hasta el interior de los aviones.


Policías de la División de Requisitorias, entre ellos el mayor César Langle Flores y otros, así como suboficiales de la División Antidrogas “chalequeaban” el lugar de salida de la droga, creando la apariencia de que todo se encontraba bajo control. Finalmente “monchi” era el contacto con Kirch Jr., jefe de seguridad de LAP, que estaba al tanto de cada una de las modalidades de envío y dictado las orientaciones para que ls operaciones ilegales pudieran desenvolverse.


Asociación delictiva


En noviembre, en los días de la APEC, se informó que en la playa de estacionamiento del aeropuerto se había intervenido un automóvil estacionado que llevaba 495 paquetes de cocaína, con un peso de casi media tonelada, que iba a ser colocada en aviones que salían para Europa. El caso era escandaloso porque seguía a varias tervenciones producidas en España y Estados Unidos, de envíos salidos del Perú en naves de LAN, que nunca fueron detectados por los agentes de seguridad aeroportuaria y la policía.


Tenía que haberse organizado una red muy poderosa para que esas intervenciones no hubieran mermado su impulso y se atrevieran con un embarque de esa magnitud. Sin embargo, lo que pasó de inmediato fue que LAP desmintió que se hubiese producido la incautación dentro de las instalaciones bajo su administración y se armó una confusión que a estas alturas se puede decir que tiene todas las trazas de haber sido deliberada. Más aún cuando informes de televisión incidieron sobre la “coladera” de drogas, el abogado de LAP, Luis Vargas Valdivia, dijo que la responsabilidad de la empresa era la “seguridad básica”, que no incluía el tema narcóticos, sino explosivos y armas, “no ven que ningún avión ha estallado”.


Ahora nos enteramos que el jefe de seguridad de la empresa, el que debía tener el control total del aeropuerto era parte de una banda mafiosa. ¿Cómo iba a encontrarse a los responsables de estas exportaciones ilegales si eran protegidos al más alto nivel y si LAP no puso nunca en duda la palabra de su funcionario?


Hay que notar además que el anterior jefe de seguridad del aeropuerto, un alto oficial en situación de retiro de la Marina, fue cambiado a otro cargo por la presión de las denuncias que señalaban que dentro de su institución fue investigado por narcotráfico y eso lo invalidaba para la función. Pero lo reemplazaron por un ciudadano de Estados Unidos que no tuvo reparos en asociarse a unos bandidos profesionales.


Algo curioso es finalmente que de la resolución judicial fluye que los procesados Pedrera, Kirch y otros no han mostrado voluntad de colaborar en las investigaciones y declarar ante la policía. Sin embargo en la disposición final de este documento no se les detiene sino que se les declara con comparecencia restringida, dando como argumento que son “personas con trabajo lícito conocido”, lo cual es tremendamente contradictorio con el hecho de que ha sido precisamente en sus centros de trabajo regulares que se produjo el delito. Es difícil no pensar que aquí ha intervenido elementos muy influyentes para esta decisión.