CODEHICA apela archivamiento de investigación

Fiscal Superior verá caso de muerte e intoxicación masiva

La Comisión de Derechos Humanos de Ica interpuso un Recurso de Queja contra el archivamiento del sonado caso de la muerte y la intoxicación masiva en dos empresas agroexportadoras, a efecto que el Fiscal Superior Penal con mayor criterio declare nulo lo resuelto y determine la continuación de la investigación.

Así lo reveló a LA VOZ DE ICA el abogado del CODEHICA, Dr. Oscar Salas, quien cuestionó la actitud del titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Ica, Dr. José Alberto Tinco Luján, quien no había tenido en cuenta la negligencia en que actuaron las empresas PROAGRO e ICA SEED, al no haber adoptado las medidas necesarias para evitar la masiva intoxicación que puso en riesgo de muerte a cerca de 80 trabajadores en Noviembre del año pasado.

Señaló que el representante del Ministerio Público prácticamente había justificado la muerte del trabajador de PROAGRO, Luis Hernández Carbajal, argumentando que fue a causa de una neumonía bacteriana y no por intoxicación.

Indicó que esa apreciación era sezgada, al no haber considerado que el estado de salud del trabajador empeoró por haber sido expuesto a las sustancias tóxicas. Además, por no habérsele dado la atención médica oportuna, pues al haber sufrido el shock fue retenido contra su volundad en el fundo por cerca de tres horas.

El Dr. Oscar Salas también consideró absurdo que el Fiscal Tinco haya liberado de responsabilidad a las empresas agroeportadoras mencionadas, refiriendo que la intoxicación fue un acto negligente de los propios obreros, al afirmar que "ellos sabían que estaban expuestos a la intoxicación".

Comentó que esta apreciación del Fiscal era inconcebible, por cuanto las empresas cuando hicieron la fumigación de los sembríos no colocaron ningún cartel o señal que advierta el peligro de la fumigación reciente.

Cuando los capataces de las empresas rindieron su manifestación, revelaron que ellos tampoco sabían que los sembríos recién habían sido fumigados, por cuyo motivo enviaron a los obreros a trabajar pensando que no había peligro alguno.

Al representante de la Comisión de Derechos Humanos también le pareció extraño que el Fiscal Tinco no haya tenido en cuenta la actitud de resistencia a la autoridad en que incurrieron los representantes del Fundo ICA SEED, al no haber permitido el ingreso a sus instalaciones de los representantes del Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal, Dirección Regional de Trabajo y de la Policía Nacional, quienes intentaban tomar muestras de los sembríos que contenían insecticidas que provocaron la masiva intoxicación.

Señaló que sería un acto de justicia que el Fiscal Superior revoque lo resuelto por el Fiscal Provincial, permitiendo que continúen las investigaciones y que el caso sea conocido por un Juez Jurisdiccional, quien deberá establecer las responsabilidades correspondientes por los actos negligentes registrados.

Defensoría del Pueblo

El Fiscal Tinco Luján extrañamente tampoco ha tenido en cuenta las conclusiones contenidas en el Informe Nº 01-2011 de la Oficina en Ica de la Defensoría del Pueblo, donde señala que existen elementos de juicio razonables para determinar que la intoxicación y muerte del trabajador Luis Hernández Carbajal se habría producido como consecuencia de la falta de medida de seguridad y salud en el trabajo, en el local de la empresa PROAGRO.

Igualmente, la Defensoría del Pueblo concluye que la intoxicación de los 68 trabajadores de la Empresa Ica SEED se habría producido por la falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo, por cuanto los expusieron a la intoxicación masiva al no advertirles que los cultivos estaban recién fumigados.

Nos negamos a pensar de que haya existido alguna prebenda o tráfico de influencias para que el Fiscal Tinco emita un absurdo dictamen, el mismo que ha merecido el rechazo unánime de la colectividad iqueña.

Tampoco queremos pensar que ambas empresas agroexportadoras hayan tenido la voluntad de atentar contra la vida y salud de sus trabajadores. Queda claro que sí existió negligencia y eso se tiene que sancionar ejemplarmente para que actos como este no se repitan, debido a que los obreros por más humildes que sean tienen derecho a gozar de buenas condiciones de trabajo y que su vida y salud estén protegidos.

Constantemente ocurren en las agroexportadoras este tipo de emergencias por intoxicación y otros actos negligentes, pero como son uno o dos casos nadie denuncia porque piensan que es un riesgo normal de trabajo. Si no se castiga la irresponsabilidad que hubo, continuaremos lamentándonos cada vez que se produzcan desgracias de esta naturaleza, como si fuese producto del destino o un "castigo de Dios".