El fujimorismo y la Cosa Nostra

Miguel Gutierrez R.

(Revista Ideele)

Hace unas semanas, unas declaraciones de Keiko Fujimori trajeron nuevamente a escena la evidente presencia del narcotráfico en las más altas esferas del gobierno de Alberto Fujimori.

Puesta contra la pared por la pregunta de un reportero, la candidata de Fuerza 2011 se vio obligada a reconocer que financió su campaña electoral del 2006 con un aporte de la familia Martínez, conocida no solo por su dedicación a la exportación de harina de pescado sino también por haber estado involucrada en un famoso caso de drogas y lavado de dinero.

Algunos periodistas, entre los que me incluyo, comenzamos a escarbar un poco en los antecedentes que forjaron esta amistad entre la ex Primera Dama y la familia de Eudocio Martínez Torres, conocido como Olluquito, y que data, al menos de lo que se conoce, desde fines de 1999, cuando Fujimori intercedió para lograr el perdón presidencial de las dos hijas del empresario pesquero, Ana y Miriana Martínez Moreno.

Keiko Fujimori ha sostenido siempre, casi como un acto de valentía propia, que su padre indultó a las hijas de Olluquito porque se enteró de que la familia era víctima de una extorsión de Vladimiro Montesinos Torres. Funcionarios que vieron de cerca el desarrollo de la investigación a la familia afirman que el caso fue tan irregular que la extorsión pudo ser tan cierta como la vinculación de Olluquito con el narcotráfico. Diversas informaciones relativas a negocios de este empresario que involucran tráfico de drogas llegaron a oídos de la Policía especializada en la materia por intermedio de ex informantes como Oscar Benítez Linares, un confeso narcotraficante, pero no se hizo nada por falta de iniciativa de las autoridades.

Para algunos resulta aún extraño que, habiendo sido denunciado por su propia hija, el entonces presidente Fujimori no decidiera remover o investigar al jefe de los servicios de inteligencia y haya optado más bien por interferir en un proceso judicial mediante un indulto a todas luces irregular y selectivo.

Sin embargo, vista en perspectiva, la forma como actuaron Alberto y Keiko Fujimori en este caso fue una característica de ese gobierno en lo concerniente al narcotráfico.

Casos de extorsión, tráfico de influencias y profusa vinculación de funcionarios del Estado con el comercio ilegal de la droga ocurrieron durante esos años pero fueron descaradamente ignorados por Fujimori padre, al parecer para mantener el equilibrio de poder sustentado en su relación con su asesor y la cúpula militar.

La primera clarinada de alerta se produjo en los primeros años de su gobierno. A inicios de 1991, apenas unos meses después de la victoria electoral de Fujimori, su asesor comenzó a meter mano en el comercio ilegal de la droga. Colocó al general del Ejército Nicolás Hermoza Ríos al mando de las Fuerzas Armadas y mandó un nuevo paquete de leyes otorgando amplios poderes a los militares sobre los valles cocaleros, con lo que limitó el rol de la Policía Antinarcóticos. Durante esos años, y como se sabría poco tiempo después, la mayor parte de los operativos de la Policía con la DEA, destinados a capturar droga o traficantes en la selva, fracasaban porque los detalles se filtraban a los narcotraficantes al ser comunicados previamente al Comando Conjunto del Frente Interno, bajo control de los militares.

En 1994, fotografías filtradas por la Embajada estadounidense publicadas por la prensa limeña demostraban que los efectivos militares protegían un tramo de la carretera de la Marginal de la selva, que era usada para el aterrizaje de avionetas procedentes de Colombia. A cambio de dicha protección, los oficiales del Ejército destacados en la base contrasubversiva Punta Arenas recibían hasta 3 mil dólares por cada vuelo que partía con droga al vecino país.

Sin embargo, este reconocido e impune vínculo de los militares en el valle del Huallaga tendría sentido y sería explicable solo dos años después cuando, en pleno juicio, el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, Vaticano, reveló que la principal razón por la cual esa carretera operó como una pista de aterrizaje hasta 1993 fue porque le pagaba 50 mil dólares mensuales a Montesinos.

Comprometedor silencio

Las comprometedoras declaraciones del mafioso no generaron tampoco esa vez ninguna señal de Palacio de Gobierno de querer desmarcarse de ese funcionario de Inteligencia. En lugar de provocar una investigación al más alto nivel, lo que produjo fue una inesperada defensa de varios funcionarios del gobierno, incluido Alberto Fujimori, quien meses después, en una entrevista para la televisión, llegó a decir que Montesinos “gozaba de su total respaldo”.

Por esas mismas fechas, en octubre de 1996, Luis Izuski García reveló a la prensa que Montesinos, por intermedio del abogado Javier Corrochano Patrón, había recibido medio millón de dólares de la familia López Paredes, apresada por narcotráfico un año antes, para que algunos de sus integrantes fueran sacados de la prisión.

Pese a que el asesor fue mencionado una vez más por la prensa, nadie del gobierno movió un dedo para investigar repetidas denuncias que mostraban ciertos indicios de corrupción.

A un año de terminar el segundo periodo de Fujimori, nuevamente el entorno amical y profesional de Montesinos se relacionó con un caso por drogas. La revista Caretas dio a conocer el papel de Corrochano en la sospechosa fuga a Cuba de Bruno Chiappe, uno de los financistas del cargamento de 2,3 toneladas de cocaína halladas en un frigorífico en el Callao.

En aquella ocasión, el panameño Boris Foguel dijo que Corrochano había recibido un giro por US$101.000 a través de un banco de los Estados Unidos para “facilitar la salida de la droga” que al final fue detectada. Montesinos fue mencionado como la persona que apoyaba las acciones del abogado.

Estos graves hechos no perturbaron en ningún momento la relación entre Fujimori y Montesinos, al punto que el entonces Presidente, presionado para que se permitiese escudriñar a su asesor, salió a decir que “permanecería en la labor mientras fuese eficiente”.

La droga por dentro

Pero no solo el asesor presidencial estuvo involucrado en estos hechos. El narcotráfico se metió dentro del movimiento fujimorista y principalmente en las cabezas que Fujimori reclutó para hacerse re-reelegir el año 2000. El médico cirujano Daniel Chuan Cabrera, fundador y líder de Perú 2000, la alianza oficialista que postulaba al presidente Alberto Fujimori, fue incluido en una investigación en relación con un sonado caso de narcotráfico. Meses antes, un barco pesquero de su propiedad fue usado por Javier Girao para transportar cocaína, tal como lo certificó la Policía Antidrogas.

Meses después se sabría que la Policía llegaría a establecer que Daniel Chuan y el abogado Edgar Solís adquirieron la embarcación Fonrespe I a través de Hedsa, una empresa de la que eran socios. Edgard Solís Cano se había desempeñado como viceministro del Interior, secretario general de Justicia y miembro del estudio de abogados del poderoso asesor presidencial de inteligencia. La fiscalía y la agencia antidrogas decidieron mantener en extremo secreto la investigación no solo por Chuan, sino también porque era la segunda vez que Edgar Solís Cano aparecía comprendido en un sonado caso de drogas. (Antes había sido vinculado por el “Caso Los Camellos”.)

Las voces denunciantes de antiguos colaboradores, ex informantes o militares, así como las advertencias del entonces zar antidrogas estadounidense Barry Mc Caffrey, no parecieron importar mucho a Fujimori. La única concesión que hizo, y que ahora parece ser más una protección, fue darles una mano a las empresarias del grupo pesquero Hayduk con un indulto pedido por Keiko Fujimori. Pero aun así, eso no significó una ruptura con su asesor: lo hizo para satisfacer el capricho de su hija.

Un hecho significativo en el caso Hayduk que dice mucho del silencio de Fujimori son las declaraciones del propio empresario Olluquito a la caída del régimen. Eudocio Martínez, principal personaje de este complejo caso por drogas y supuesto extorsionado, declaró en una entrevista con el diario La Industria que Keiko “vale un Perú” por el indulto logrado por ella a favor de sus hijas, pero fue duro con su padre, de quien dijo: “Ese señor es otra cosa. Debe tenerle algo [Montesinos] para que se porte así”. Ahora se sabe que su renuencia a investigar a su asesor no fue porque éste tenía cosas en su contra, sino más bien por los sacrificios que hizo Alberto Fujimori para mantenerse en el poder.