Ex ministro aprista Aurelio Pastor, debe ser investigado

Audio lo involucra en posibles actos de corrupción

Ayer se difundió un audio de una conversación entre la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz y el ex ministro de justicia y ex congresista aprista Aurelio Pastor, en dónde éste le ofrece ayuda “de sus amigos” en la Corte Suprema y en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de incorporarla nuevamente en el cargo y librarla de un proceso de revocatoria.

Ante esta grave denuncia de corrupción, el programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL - JV) debe manifestar lo siguiente:

1.1. El funcionamiento del sistema de justicia queda nuevamente cuestionado tras la denuncia de la alcaldesa del distrito de Tocache. Dicha conversación, no solo son indicios de graves actos de corrupción, sino también hacen temer inaceptables prácticas clientelares y de injerencia de algunas instituciones estatales por personajes vinculados al partido aprista.

2.   2. Del mismo modo, este hecho abunda en el conjunto de señales que se perciben en el sistema de justicia y del grave problema de la corrupción judicial, que también ha sido reconocida por el propio presidente del Poder Judicial en un proyecto de ley al Congreso.  

3. 3. Si bien el nivel de corrupción dentro del Poder Judicial no es sistémico, como ocurría durante el gobierno de Alberto Fujimori, existen graves casos que muestran la influencia del partido aprista en la actuación de varios jueces o autoridades judiciales. Así, el permitir que operadores de justicia (jueces, fiscales o abogados litigantes) mantengan sus redes de influencia indebida o de corrupción política o económica, a cambio de determinados favores judiciales tiene varios ejemplos dentro de la judicatura peruana. Debido a ello, en el año 2010, se presentó el Informe: De ‘El antiimperialismo y el APRA’ al ‘Clientelismo y el APRA’ en el sistema de justicia. Una justicia menos independiente nos dejará el segundo Gobierno de Alan García, en el que IDL-JV denuncia un conjunto de actos  en dónde se percibía esta presunta relación. También se denunció esto en una audiencia pública concedida por la CIDH en Washington DC en marzo del 2011, en la que representó al Gobierno del Perú de ese entonces (Alan García), el aún magistrado del TC, Carlos Mesía.

L 4. Los argumentos de defensa que utiliza el ex ministro de justicia donde señala que “todos los abogados visitamos a los jueces” o cuando refiere que el audio es ilegal, son absurdos, sin fundamento y no van al tema de fondo. Aurelio Pastor debería responder quiénes son sus amigos en la Corte Suprema y en el JNE; instancias que, precisamente, han estado en el ojo de la tormenta por sus extrañas decisiones: (i) el fallo a favor del Grupo Colina, (ii) la anulación de una sólida sentencia en el caso de la familia Chacón de Vettori o (iii) la inaudita decisión del JNE de aprobar la revocatoria contra la alcaldesa Susana Villarán, pese a que tenían un plazo vencido y de acelerar el proceso de revocatoria para el 17 de marzo del 2013.

   5.    A su vez, este hecho preocupa pues, en la actualidad, dos jueces muy ligados al APRA están como candidatos para ser elegidos como Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Uno de ellos es César Vega Vega, quien fue visto años atrás en un mitin aprista siendo Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima y Ángel Romero Díaz,  que fue sancionado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por emitir una sentencia contra los intereses del BCR y fue personero del partido aprista en las elecciones del 2001.

    6.    Todo este conjunto de relaciones entre algunas conocidas figuras del partido aprista y la judicatura merece ser investigada. El procurador Julio Arbizú ya señaló la contundencia del audio como para que se abra investigación al ex ministro de justicia. IDL espera que el Ministerio Público investigue adecuadamente y  que esta denuncia no se convierta en otro caso archivado contra un funcionario aprista por parte de la fiscalía, como ha sucedido recientemente con otras denuncias de corrupción durante el gobierno de Alan García (2006-2011).