Muchos creen que un personaje como el ministro de Defensa de ninguna manera puede tener cabida en un gobierno que se precie democrático, porque carece de las calificaciones más elementales para los cargos que sólo sus influencias y su sentido de la oportunidad le han permitido ostentar, y porque sus convicciones, más cercanas a opciones autoritarias de las que el Perú quiere terminar de librarse, de ninguna manera comulgan con principios de tolerancia y humanismo esenciales en cualquier tipo de democracia.
La falta de conciencia democrática del personaje se remonta a los años duros, en los que imperaba el régimen de la corrupción, el fraude y el crimen como armas de sometimiento de la voluntad ciudadana, cuando defendió a capa y espada la abyecta amnistía que, con nombre propio, dictó aquel régimen a favor de los asesinos del Grupo Colina, poniéndolos en la calle, como si no hubiera sido suficiente impunidad las penas leves dictadas a quienes ejecutaron atrocidades en defensa de aquel estado de cosas, en nombre de la lucha contra el terrorismo, haciendo que esa causa perdiera autoridad moral y sustento principista.
Luego pasaría por más de una tienda política, para saltar a servir al político que había denostado durante dos décadas y trepar a uno y otro despacho ministerial y llenar con sus desatinos álbumes enteros de recortes periodísticos para la antología de la ineficacia y la arrogancia.
Había concitado ya el repudio de buena parte de la opinión pública, por sus ataques frecuentes a los defensores de los derechos humanos, el uso insólito de las fechas patrióticas para lanzar proclamas de odio y no de unión en torno a nuestros héroes, su agresividad con los periodistas, sus posiciones para muchos retrógradas y cavernarias.
En el último de sus desatinos, no sólo ha elaborado un decreto que puede poner en la calle a violadores de derechos humanos, sino que a diario aboga por la validez de ese decreto para la prescripción de los delitos de lesa humanidad, para la impunidad de los criminales que ensuciaron con sangre el honor de su uniforme. Una actitud que pretende hacernos retroceder en el tiempo y en la historia y que contradice los esfuerzos del gobierno por tratar de sostener que su decreto no deja impunes a esos asesinos.
Por su fuera poco, el ministro ha aceptado, arrogante, casi diciendo “¡y qué!”, haber consultado la elaboración del decreto con el abogado del condenado ex presidente Fujimori, y con el abogado del primer vicepresidente, también en problemas por temas de derechos humanos. Con esto ha excedido todos los límites y ha motivado la indignación, incluso entre los congresistas del Partido Aprista. Su paso por el poder tendría que terminar, si el sentido común y la vergüenza no han abandonado a quien nos gobierna.
Ministro Rey debe irse por amnistía encubierta
(1) El ministro de Defensa, Rafael Rey, en su hora más dificil.
(2) El ayudó con el decreto, a través, de Nakazaki.
(3) El que permitió el decreto a su gusto.
NO OLVIDAR
- Una denuncia periodística reveló consultas entre Rafael Rey con Sergio Tapia (abogado del vicepresidente Luis Giampietri, caso el Frontón) y César Nakasaki, (abogado de Alberto Fujimori y de gran número de violadores de derechos humanos y corruptos) sobre el Decreto Legislativo 1097, antes de que fuera promulgado.
- Rey reconoció que consultó sobre este polémico dispositivo con el abogado César Nakazaki y con el letrado Sergio Tapia (vinculado a Luis Giampietri), pero negó que sean asesores de su cartera.
Sostienen que ha traicionado la confianza del Congreso para hacer una norma pro-impunidad con ayuda de abogados de violadores de derechos humanos. Indican que García tiene la palabra.
Haber consultado sobre el Decreto Legislativo 1097 con el abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, y con el asesor de Luis Giampietri, Sergio Tapia, puede costarle el puesto al ministro de Defensa, Rafael Rey, como culminación de una serie de desatinos que se remontan a su idea de lanzar el pisco 7,9 como conmemoración del mortal terremoto del Sur Chico.
Desde diversos sectores, incluido el Partido Aprista, se multiplicaron ayer los pedido de que el ministro Rey deje el cargo, porque un ministro como él, es un peligro para el país, pues está probado que el decreto 1097 favorece a los procesados que atentaron contra los derechos humanos.
El ex procurador Ronald Gamarra dijo a LA PRIMERA que Rey debe irse a su casa, por haberse asesorado de los dos abogados a quienes se les conoce por defender siempre a quienes están acusados de graves delitos.
“Debe irse a su casa, porque el decreto que hizo con la ayuda del abogado del condenado Alberto Fujimori, lo favorece a éste y a los que estuvieron a su mando como los integrantes del Grupo Colina”, dijo.
Por su parte, el abogado del IDL, Carlos Rivera, señaló a este diario que si Rey actuara de manera ética, hace rato debió irse a su casa. “Rey está gestionando a favor de intereses particulares al reunirse con una de las partes involucradas que serían directamente beneficiadas con el decreto. Por ética debería renunciar”, señaló
Apristas
El congresista aprista Luis Negreiros afirmó que Rey no ha sabido honrar la confianza que el Congreso depositó en el Ejecutivo, al haber consultado a Nakazaki y Tapia parte de la elaboración del cuestionado DL 1097.
“Los profesionales a los que (Rey) ha recurrido tienen una opinión comprometida e intereses de por medio, no era lo apropiado, sin duda merece un severa crítica. Lo que más me sorprende es que el Ejecutivo, en especial el ministro de Justicia, no haya tomado el cuidado para honrar y defender la confianza que (los parlamentarios) depositamos en ellos”, sostuvo.
Para el parlamentario aprista Luis Wilson solo García puede decir sobre la permanencia de Rey en el gabinete; sin embargo, consideró necesario que el ministro le de una explicación exhaustiva al pueblo peruano, al Congreso, y al Partido Aprista.
Asimismo, dijo que el hecho de que Rey haya solicitado asesoría de Nakazaki y Tapia es un tema delicado que debió consultar al Ejecutivo, y que con ello no sólo ha mellado la imagen del gobierno, sino la del APRA, que depositó su confianza en él, para ocupar la cartera de Defensa.
A su vez, el congresista del partido de la estrella Luis Gonzales Posada criticó al titular de Defensa y también dijo que corresponde al presidente García decidir si deja el Gabinete por este hecho, que afecta la gestión del actual gobierno.
El legislador consideró inaceptable que Rey haya acudido a Nakazaki y Tapia para pedir asesoría legal. “Hay una abierta incompatibilidad, un conflicto de intereses, recurrir a esos abogados para hacer consultas, coordinaciones o la supervisión de un decreto tan sensible, porque estos defienden precisamente temas de violación de derechos humanos contra el Estado. Por eso repruebo, y considero inaceptable, que se haya buscado esa asesoría legal”, señaló a LA PRIMERA Gonzales Posada, quien, además, se pronunció por revisar o inclusive anular el DL 1097.
En dialogo con LA PRIMERA, el militante aprista y especialista en derechos humanos, Alberto Salgado, consideró que lo menos que puede hacer Rey es renunciar a una cartera tal delicada, aunque consideró improbable que lo haga porque el ministro de Defensa sabe que cuenta con el apoyo del presidente de la República, Alan García.
Para Salgado, la actuación de Rafael Rey es lamentable y evidencia la cercanía de un sector del gobierno con elementos del Fujimorismo. “Estas coordinaciones (de Rey con Nakazaki) son inaceptables y muestran un hecho grave”, señaló.
Sostuvo, además, que el Congreso debe citar al ministro de inmediato, interpelarlo y censurarlo, y el Congreso debe tomar medidas respecto al parlamentario Fujimorista Rolando Sousa, quien en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, hizo gestiones para que las facultades legislativas dadas al Ejecutivo abarquen asuntos procesales referidos a militares y policías acusados de violaciones de derechos humanos, lo que viabilizó el criticado decreto 1097.
Redacción: Vanessa Ramos / Helio Ramos
