Increíble. Piden derogar decreto que carga al Estado los honorarios de los defensores de acusados de corrupción. PPK entre los beneficiados. "
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| PPK (Ex Ministro de Economía y Finanzas) |
Llama la atención que el también excandidato presidencial PPK, en su condición de exministro de Economía y Finanzas, firmó el decreto supremo junto a Toledo y al entonces presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino.
De acuerdo a informes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado destinó 62,475 soles a la defensa de PPK, en un proceso por infracción a los artículos 51, 103 y 104, así como del inciso 8 del artículo 118 de la Constitución y por el delito de Usurpación de Autoridad tipificado en el artículo 361 del Código Penal en el 2002. El pago de su defensa fue autorizado por resolución 428-2003 del 9 de setiembre del 2003.
PLANTEAN DEROGARLOAnte semejante situación y para evitar que el Estado esté obligado a pagar los gastos de defensa de los funcionarios públicos acusados de delitos, el legislador de Gana Perú Juan Pari presentó un proyecto de ley que busca dejar sin efecto el mencionado decreto supremo.
La cuestionada norma autoriza a las entidades, instituciones y organismos del Poder Ejecutivo, a contratar asesoría legal para sus funcionarios o servidores que sean demandados administrativa, civil o penalmente por actos, omisiones o decisiones adoptadas en el ejercicio regular de sus funciones, lo que incluye haber desfalcado o causado daño económico al Estado.
La norma alcanza inclusive a los exfuncionarios o servidores que a la fecha de entrada en vigencia del decreto hayan cesado en sus cargos y que sean demandados por las razones mencionadas.
“El tema que es que hay una norma del 2002 que hace que muchos funcionarios públicos denunciados por corrupción puedan defenderse con plata del Estado y eso no es posible; con razón muchos corruptos salen ganando”, sostuvo en diálogo con LA PRIMERA el autor de la iniciativa legislativa.
Pari sostuvo que resulta sospechoso que el citado decreto supremo se dé al inicio del gobierno de Toledo, cuando existía toda una campaña de develamiento de la corrupción del Fujimorismo y por tal razón no descartó que los hilos de poder de la dictadura enquistados en el aparato estatal hayan tenido alguna injerencia en el tema como forma de blindar a los exfuncionarios del régimen de Alberto Fujimori.
Según el proyecto de ley presentado por el legislador de Gana Perú, la vigencia del Decreto Supremo 018-2002 debilita la lucha contra la corrupción, lucha que constituye un compromiso asumido por el Estado ante la comunidad internacional al haber suscrito y ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción del 29 de marzo de 1996 y tener como tarea principal su erradicación según el Acuerdo Nacional y el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción.
“No es cierto que nuestra legislación no contemple la protección de todo ciudadano ante la falsa imputación de hechos delictivos o faltas administrativas; existe siempre la posibilidad de accionar civil o penalmente y resarcirse de los daños ocasionados por la falsa imputación, por ello mantener un status especial para los funcionarios (…) los sustrae del régimen común aplicado a todos los demás ciudadanos”, sostiene la iniciativa contra el decreto supremo.
SOLO DOS
Información negada Pari explicó que su despacho solicitó información a los diferentes organismos, instituciones y ministerios sobre la relación de beneficiarios de la norma, pero hasta la fecha solo han respondido los ministerios de Economía y energía y Minas.
Según los documentos enviados por el Ministerio de Economía, también resultó beneficiado el exministroFujimorista Efraín Goldenberg, procesado por los delitos contra la tranquilidad pública, asociación ilícita y peculado simple en agravio del Estado, ocurridos el 15 de octubre del 99 al 29 de julio del 2000. En su caso, no se consigna el monto destinado a su defensa, autorizado mediante resolución 335-2009-EF/43.
La información emitida por energía y Minas da cuenta del caso de Jaime Quijandría, exministro del ramo, quien fue acusado por Negociación Incompatible y Colusión. Su pago fue autorizado mediante resolución 277-2010, fechada el 30 de junio del 2010. El monto destinado a su defensa ascendió a 129,675 soles.
Vilma Escalante
Redacción
De acuerdo a informes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado destinó 62,475 soles a la defensa de PPK, en un proceso por infracción a los artículos 51, 103 y 104, así como del inciso 8 del artículo 118 de la Constitución y por el delito de Usurpación de Autoridad tipificado en el artículo 361 del Código Penal en el 2002. El pago de su defensa fue autorizado por resolución 428-2003 del 9 de setiembre del 2003.
PLANTEAN DEROGARLOAnte semejante situación y para evitar que el Estado esté obligado a pagar los gastos de defensa de los funcionarios públicos acusados de delitos, el legislador de Gana Perú Juan Pari presentó un proyecto de ley que busca dejar sin efecto el mencionado decreto supremo.
La cuestionada norma autoriza a las entidades, instituciones y organismos del Poder Ejecutivo, a contratar asesoría legal para sus funcionarios o servidores que sean demandados administrativa, civil o penalmente por actos, omisiones o decisiones adoptadas en el ejercicio regular de sus funciones, lo que incluye haber desfalcado o causado daño económico al Estado.
La norma alcanza inclusive a los exfuncionarios o servidores que a la fecha de entrada en vigencia del decreto hayan cesado en sus cargos y que sean demandados por las razones mencionadas.
“El tema que es que hay una norma del 2002 que hace que muchos funcionarios públicos denunciados por corrupción puedan defenderse con plata del Estado y eso no es posible; con razón muchos corruptos salen ganando”, sostuvo en diálogo con LA PRIMERA el autor de la iniciativa legislativa.
Pari sostuvo que resulta sospechoso que el citado decreto supremo se dé al inicio del gobierno de Toledo, cuando existía toda una campaña de develamiento de la corrupción del Fujimorismo y por tal razón no descartó que los hilos de poder de la dictadura enquistados en el aparato estatal hayan tenido alguna injerencia en el tema como forma de blindar a los exfuncionarios del régimen de Alberto Fujimori.
Según el proyecto de ley presentado por el legislador de Gana Perú, la vigencia del Decreto Supremo 018-2002 debilita la lucha contra la corrupción, lucha que constituye un compromiso asumido por el Estado ante la comunidad internacional al haber suscrito y ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción del 29 de marzo de 1996 y tener como tarea principal su erradicación según el Acuerdo Nacional y el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción.
“No es cierto que nuestra legislación no contemple la protección de todo ciudadano ante la falsa imputación de hechos delictivos o faltas administrativas; existe siempre la posibilidad de accionar civil o penalmente y resarcirse de los daños ocasionados por la falsa imputación, por ello mantener un status especial para los funcionarios (…) los sustrae del régimen común aplicado a todos los demás ciudadanos”, sostiene la iniciativa contra el decreto supremo.
SOLO DOS
Información negada Pari explicó que su despacho solicitó información a los diferentes organismos, instituciones y ministerios sobre la relación de beneficiarios de la norma, pero hasta la fecha solo han respondido los ministerios de Economía y energía y Minas.
Según los documentos enviados por el Ministerio de Economía, también resultó beneficiado el exministroFujimorista Efraín Goldenberg, procesado por los delitos contra la tranquilidad pública, asociación ilícita y peculado simple en agravio del Estado, ocurridos el 15 de octubre del 99 al 29 de julio del 2000. En su caso, no se consigna el monto destinado a su defensa, autorizado mediante resolución 335-2009-EF/43.
La información emitida por energía y Minas da cuenta del caso de Jaime Quijandría, exministro del ramo, quien fue acusado por Negociación Incompatible y Colusión. Su pago fue autorizado mediante resolución 277-2010, fechada el 30 de junio del 2010. El monto destinado a su defensa ascendió a 129,675 soles.
Vilma Escalante
Redacción
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