LA IMPUNIDAD PROPICIADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO
Por: Oscar Loayza Azurin
Apenas producido nuestro retorno de Abancay a la ciudad de Ica, mi esposa y yo hemos recibido una notificación conteniendo la decisión de la Fiscal encargada del Caso SGF2106014502-2016-41360, que se originó luego del asalto del que fuimos víctimas el 9 de Setiembre de este año por facinerosos que siguen cometiendo las mismas fechorías, disponiendo "no formalizar ni continuar investigación preparatoria por no haberse descubierto a los autores del pillaje".
Es decir, archiva el caso de robo agravado con arma de fuego perpetrado pos tres sujetos sustentando su decisión en disquisiciones francamente aberrantes.
Ni siquiera ordena que la Policía tome como insumo los antecedentes de esta denuncia para profundizar las investigaciones que permitan dar con los malhechores, sino simple y llanamente da por terminado el caso y dispone su archivamiento, punto, alentando de este modo la impunidad.
Como lo advertimos en la ocasión en que pusimos en conocimiento de la opinión pública este grave hecho que pudo habernos costado la vida, no se trata de un asunto privado que atañe solo a dos personas, sino que fue, y hoy es, una voz de alerta para darnos cuenta qué autoridades tenemos en el Ministerio Público, que al parecer no comprenden que junto a su rol de defensor de la legalidad, su institución es también básicamente persecutora del delito.
Naturalmente, haremos uso de los mecanismos que nos franquea la ley para que esta absurda decisión sea revertida; sin embargo, la opinión pública tiene que estar enterada de la actuación de estos fiscales que esconden su precaria formación en tecnicismos y legalismos con los que causan un enorme daño a la lucha contra la delincuencia.
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