jueves, 17 de enero de 2013


Logró rebajar en un 50% costos de nueve proyectos
EXFUNCIONARIO DE FORSUR DENUNCIA
IRREGULARIDADES EN RECONSTRUCCIÓN

Una serie de irregularidades en la elaboración de proyectos técnicos, contratación de empresas constructoras, supervisión y ejecución de obras en la inconclusa reconstrucción de las ciudades de Ica, escenario de un terremoto de 7.9 grados en agosto de 2007, fueron dadas a conocer el jueves 17 por el ingeniero Pedro Doroteo Neyra, exjefe del equipo técnico zonal de Pisco, que se encargó de monitorear los expedientes técnicos y supervisar los trabajos que se proyectaban en la zona.
El exfuncionario se presentó en la comisión del Congreso que investiga la inconclusa reconstrucción del sur, que preside el congresista Rogelio Canches Guzmán (NGP), para dar a conocer la labor que desarrolló en el comité zonal y supervisar nueve expedientes técnicos de igual número de proyectos destinados a la reconstrucción de la provincia de Pisco y sus distritos de San Andrés y Villa Túpac Amaru, todos ellos por un monto estimado en más de 40 millones de soles.
En la reunión, Doroteo Neyra afirmó que los nueve expedientes, elaborados por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco (EMA-Pisco), fueron observados por el comité que él presidía, en unos casos porque se trataba de superposición de obras, es decir, de trabajos que ya se estaba ejecutando; y en otros, porque se encontraba duplicidad de partidas para una misma obra.
Gracias a esas observaciones, recordó, la reconstrucción de la segunda etapa del cementerio de Pisco, que estaba presupuestada en  diez millones 500 mil soles, se ejecutó con una inversión de solo cuatro millones 500 mil. Es decir, con un ahorro de más del 50% de lo que previeron los encargados de elaborar el expediente técnico.
Según dijo, las observaciones a los proyectos eran levantadas seis o nueve meses después, en algunos casos con la elaboración de nuevos expedientes o la eliminación de los referidos a obras en plena ejecución. En la mayoría de casos, las observaciones se hicieron en julio de 2010 y las obras comenzaron en los primeros meses de 2011, según dijo.
Refirió también que durante el ejercicio de sus funciones se determinó el poco interés o nula voluntad de la unidad ejecutora de la oficina técnica zonal de Pisco para efectuar un adecuado control de las obras, por lo que se dispuso que el propio FORSUR se encargara de esa tarea.
Por entonces se modificó la estructura administrativa de ese organismo, hoy en liquidación, y se nombró al funcionario Javier Cornejo para sustituirlo como supervisor del comité zonal; y a Mario Honderman, como jefe de la Unidad de Monitoreo de Proyectos, en reemplazo de Beatriz Calenzani Gamarra. Ambos funcionarios tenían apenas dos años de experiencia, pese a que se exige no menos de ocho años de trayectoria para esos cargos.
A Doroteo Neyra no se le permitió formar parte del comité supervisor. Por el contrario, empezó a ser hostilizado, se le acusó de haber recibido 21 mil soles en forma irregular y se le denunció penalmente por supuesta colusión con empresas constructoras de la zona. Todas las acusaciones fueron desestimadas por el Ministerio Público, refirió.
Por si fuera poco, en 2011, los nuevos directivos de FORSUR modificaron las disposiciones reglamentarias a fin de entregar la ejecución de las obras por invitación y ya no por el sistema concursal. La medida se adoptó a principios del 2011 apelando al estado de emergencia “que ya había sido levantado”, según lo precisó.
Igualmente, y mediante una simple resolución, el 25 de septiembre de 2011, FORSUR otorgó al funcionario Álex Guerrero Velarde plenos poderes para constituir comisiones y comités especiales, entre otras atribuciones, para entregar las obras por invitación, pese a que para esa fecha ese organismo había sido declarado en reorganización, mediante una resolución ejecutiva fechada el 20 de septiembre del mismo año.
Doroteo Neyra, que agradeció a quienes lo nombraron para el cargo porque le permitió retornar a su Pisco natal después de 30 años de ausencia, comentó que su tierra no se merecía ese trato, y que a la fecha siga con obras inconclusas, abandonadas o sin presupuesto  para su continuación. “Pisco no se merecía el trato que recibió”, exclamó.
Luego, entregó al titular de la comisión especial un voluminoso expediente con los informes sobre la labor de monitoreo que realizó, para luego pedir la intervención de la Contraloría General de la República a fin de investigar las irregularidades denunciadas.
Precisamente, al término de la sesión, Rogelio Canches anunció que los técnicos de la Contraloría serán invitados a una reunión de trabajo para conocer el avance en los trabajos de investigación y coordinar acciones futuras.

Exfuncionarios citados
A la reunión de hoy habían sido convocados también los ingenieros Alberto Santaria Soto, gerente general de EMAPISCO; Luis Sotelo Vásquez, Benjamin Mauricio Villavicencio y Ernesto Vidal Valenzuela, exfuncionarios de la firma consultora CESEL S. A., que se encargó de elaborar los expedientes técnicos de siete obras de reconstrucción por valor de alrededor de 30 millones de nuevos soles.
Otros exfuncionarios que volverán a ser citados son la ingeniera Beatriz Calenzani Gamarra, exjefa de la Unidad de Monitoreo de Proyectos; y la abogada Úrsula Monge Tapia, exmiembro del Comité Especial de FORSUR, quienes deberán informar sobre expedientes técnicos, ejecución y supervisión de obras de la inconclusa reconstrucción del sur tras el terremoto que se registró e1 15 de agosto de 2007.



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