LAS DOS CARAS DE LA MINERÍA
Por: José Alejandro Godoy
Más allá que, como era previsible, el gobierno intentaría sacar algún provecho político con la foto triunfante del final,
el Estado peruano tiene una tarea pendiente a partir de este caso. Si a partir de lo ocurrido en
Madre de Dios se dictaron una serie de normas destinadas a la formalización de la minería informal y al combate a la minería ilegal, es momento de comenzar a aplicarlas. Aquí hay un ejemplo claro del daño que ocasiona a la vida y seguridad de las personas una forma de operación que se da de patadas con la legalidad.
Como bien señala
César Ipenza, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental:
Estamos frente a una actividad ilegal que puede hacer que tanto el Estado como la empresa privada denuncien a los sobrevivientes, pues la mina en la que los nueve hombres trabajaban es parte de una empresa cuya concesión es más grande. Y esta mina fue clausurada por la empresa porque la inseguridad del terreno dificultaba demasiado el trabajo.
Como vemos, razón tuvieron en dejarla. Sin embargo, como el socavón no fue tapado, estos hombres vieron la mina y empezaron a trabajar en ella.
Es decir: además de ejercer de manera ilegal una actividad, invadieron propiedad privada. No sabemos si la empresa se enteró o no de esta situación, lo cierto es que nunca se denunció, por lo que el Estado no tenía manera de intervenir al tratarse de una propiedad privada.
En este caso la empresa pudo interponer una demanda por invadir propiedad privada, o simplemente desalojarlos, pero no lo hizo. No obstante, según las leyes que castigan la minería ilegal, el Estado puede denunciarlos, a pesar de no encontrarse en un área natural protegida.
Y un segundo llamado de atención para el Estado se encuentra en
la necesidad de tener equipos de rescate mineros propios. Es cierto que hay que agradecer el importante apoyo de la empresa privada en esta materia, pero otros países de la región, como Chile, cuentan con equipos propios para este tipo de emergencias. Los sucesos ocurridos en esta última semana en
Chosica,
Iquitos e Ica nos demuestran la necesidad de invertir en la prevención de desastres naturales y humanos. Claro, eso no da réditos en las encuestas instantáneamente, resulta indispensable para garantizar la vida de los ciudadanos.
Y esta mañana también se ha visto marcada por la minería en otro punto del país:
en Cajamarca se inició un paro regional de 24 horas en contra del controvertido proyecto Conga, impulsado por minera Yanacocha. La paralización, hasta el momento, se produce con tranquilidad, pero en medio de tensión y expectativa, debido a que se emitirá en los próximos días el informe de los peritos internacionales y que, en previsión de protestas, se han desplazado a efectivos policiales y militares a la zona.
Como ha indicado
Javier Torres Seoane en Diario 16, estas demostraciones de fuerza revelan tanto la debilidad del gobierno nacional y del gobierno regional de Cajamarca, como la poca ductibilidad que han tenido ambas partes para ir más allá del conflicto alrededor de este proyecto. Coincido con Torres cuando señala que:
Sin embargo, es posible que el endurecimiento de posiciones esté expresando la debilidad de ambas partes. De un lado, un Primer Ministro que agotó rápidamente su imagen de eficiencia, al creer que una mesa de diálogo es la ejecución de un monólogo repetido sin cesar; del otro, un frente antiminero quebrado por las tensiones entre sus dirigentes, que solo se explican por los planes electorales que cada uno tiene para su futuro, y no por su rechazo unánime al proyecto. En ambos casos, el maximalismo y la carencia de voluntad para el diálogo han sido el pan nuestro de cada día.
Sin embargo, al punto al que hemos llegado, es el gobierno nacional el que más palos de ciego viene dando, y todo por no haber entendido que el conflicto de Conga no es un hecho excepcional y único, sino que es la consecuencia de no haber querido siquiera revisar la normatividad ambiental vinculada a la gran minería, como si la existente fuera un dogma o una verdad única e inamovible. E incluso por haber olvidado el compromiso de desarrollar una política de ordenamiento territorial –que bien o mal se comenzó a diseñar durante la gestión de Antonio Brack en el MINAM- a la que incluso el actual Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, le ha cambiado de nombre para designarla como ‘Gestión del territorio’, como si el cambio de palabras bastara para evitar la necesaria discusión que se tiene que dar en el país sobre nuestras prioridades de uso de nuestros recursos.
Pero no toda la responsabilidad del conflicto corre por cuenta del gobierno nacional, ya que el gobierno regional de Cajamarca, presidido por Gregorio Santos, a pesar de tener todo el derecho a exigirle al presidente Humala el cumplimiento de sus ofertas electorales, no logra plantear una propuesta alternativa sólida frente a la expansión minera en Cajamarca, más allá de decir “Conga no va”, pelear el liderazgo de la protesta a Marco Arana y Wilfredo Saavedra, y recorrer el país buscando aliados para su confrontación con el gobierno nacional, lo que lo ha llevado a descuidar la gestión cotidiana de la región, que será finalmente lo que la ciudadanía de Cajamarca tomará en cuenta en el futuro.
En lo que se refiere al proyecto en sí mismo, hay un aspecto de fondo que hasta el momento no ha sido abordado por la tercera parte en este conflicto:
Minera Yanacocha no ha hecho mucho por ganarse la confianza de ciudadanos absolutamente suspicaces ante los errores de manejo que ha tenido durante su periodo de trabajo en Cajamarca. Como lo indicamos en un post escrito en febrero, su campaña de respuesta a cuestionamientos y de publicidad está concentrada en Lima y en las grandes ciudades, a pesar que columnista que no son precisamente antimineros como
Cecilia Blume o
Aldo Mariátegui le han recomendado en todos los tonos que la empresa debe dar gestos audaces y recomponer una relación dañada. Subsistiendo este problema de fondo y sin esfuerzos serios por parte de la empresa, resulta difícil la continuidad de sus inversiones una vez que agoten los yacimientos que vienen explotando.
Con voceros como Valdés de un lado y Santos del otro, resulta difícil que el diálogo se pueda instalar luego de que salga el informe de los peritos. Sobre todo, porque
existe la posibilidad que el peritaje no satisfaga ni al gobierno central, ni a Yanacocha, ni al gobierno regional. Un antecedente es lo ocurrido en el caso Combayo, también en Cajamarca, como recordó hace algún tiempo
Ricardo Uceda:
Ni los dirigentes de Combayo, ni el gobierno regional de Cajamarca, ni el padre Arana volvieron a interesarse por el estudio que, se suponía, iba a hacer una radiografía de las cuencas y garantizar la estrategia del cuidado del recurso. El BID lo financió con una donación de más de un millón de dólares, la consultora Nippon Koei lo entregó en marzo del 2010 y está allí, colgado en la página web de la Autoridad Nacional del Agua, sin que se le haya hecho la presentación que prometían los pomposos anuncios de septiembre del 2006. El estudio le quita la razón a las dos partes: ni la contaminación es nula como aseguraba Yanacocha ni es catastrófica como señalaban los catastrofistas.
Finalmente, hay un tema pendiente que queda para el Estado y sobre el cual se sigue discutiendo muy poco.
¿Qué ocurrirá cuando pase el boom minero? Eduardo Marisca planteó lo siguiente hace algunos meses:
La pregunta, entonces, no me parece que sea si queremos ser un país minero. Creo que indudablemente lo somos, y que indudablemente cualquiera en su sano juicio no querría que lo seamos. La pregunta importante es por qué país queremos ser cuando ya no podamos ser un país minero, algo que ocurrirá quizás en el futuro cercano (o porque se acaban los minerales que explotar, o porque se acaba el boom de precios que justifica explotarlos). ¿Dónde estamos acomodando nuestras fichas para los próximos 20, 30, 50 años? ¿Qué nuevos sectores competitivos, innovadores e interesantes estamos potenciando y posibilitando? ¿Qué necesitamos para inaugurar estos nuevos sectores, y por qué no estamos aprovechando los recursos que tenemos hoy para establecer nuestra propia cabeza de playa en ellos?
No cabe duda que la minería es una actividad importante para el país. Pero el Estado debería comenzar a replantear la forma como la concibe cómo motor casi único del desarrollo y hacer cumplir las normas, tanto para los mineros formales, como para quienes salen del ámbito de la ley.
